Sobreseída la causa contra el alcalde de Becerreá por presuntas irregularidades de la Diputación

Esta circunstancia, tal y como ha recordado el alcalde este mismo domingo, sirvió al BNG para impedir que Martínez, que había sido candidato por el PSdeG a presidir la Diputación de Lugo , ocupara este cargo. Tras la elecciones municipales de mayo pasado, se presentó como candidato, pero ante la negativa del BNG a respaldarlo, finalmente fue elegida la candidata del PPdeG, Elena Candia, aunque tres meses después, al no superar una moción de censura , fue relevada por el socialista Darío Campos .

La sentencia, que ha facilitado el propio regidor a los medios, considera que no hay irregularidades en una concesión de obras en 2010 a la empresa su Taboada y Ramos que inicialmente fue de cerca de 508.474,58 euros más IVA, pero que posteriormente recibió 183.455,95 euros más IVA adicionales.

La denuncia presentada por el alcalde de Portomarín, Juan Serrano López , cuestionaba las supuestas irregularidades debidas al pago de esos fondos adicionales dos años después de la conclusión de las obras mediante una subvención de la Diputación de Lugo.

La resolución judicial, que todavía no es firme y que puede ser recurrida, considera « descartada la existencia de infracciones penales tanto en la ejecución de las obras adicionales como en su adjudicación a Taboada y Ramos».

Añade que «tampoco puede apreciarse una conducta punible» en las obras adicionales que pretendían bonificar una serie de trabajos no incluidos inicialmente en el contrato, pero que los técnicos consideraron necesario y oportuno añadir.

El Juzgado reconoce que «hubiese sido más correcto tramitar el expediente de estas obras antes de proceder a llevarlas a cabo» , pero subraya que «en algunas de ellas era imprescindible finalizar, al menos parcialmente, la obra principal para concretar la cantidad de obras adicionales necesarias».

También señala que «al haberse tramitado el expediente de las obras adicionales, y firmarse el contrato entre la Diputación y la empresa adjudicataria con posterioridad a la ejecución de las obras, las fechas de estos documentos podrían entenderse alteradas», pero destaca que eso «no puede suponer la comisión de un delito de falsedad documental».

Además, la resolución apunta que «tampoco se puede apreciar un comportamiento merecedor de reproche penal» en la conducta de Martínez, que actualmente ejerce de diputado en la institución provincial. Martínez emplaza al «archivo definitivo» de la causa para hacer declaraciones públicas al respecto.