Una persona recuenta unas monedas sobre el mantel
Una persona recuenta unas monedas sobre el mantel - EFE
Política social

La renta de inclusión corrige trabas para amparar a trabajadores pobres

Menos del 15% de los perceptores de la Risga consiguieron en 2017 acceder a un empleo para abandonar la ayuda. La supresión del paro como requisito y el apoyo económico en el inicio de un contrato buscan reforzar la inserción

SantiagoActualizado:

Los datos que manejan las organizaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión señalan para Galicia un 15% de personas empleadas en situación de pobreza. La precarización del mercado laboral vivida de la mano de la crisis económica trajo consigo nuevas situaciones de necesidad en las que un contrato de trabajo no equivale a garantía de ingresos suficientes. La Renta de Inclusión Social (Risga) es la prestación autonómica de referencia para hogares sin recursos y sin acceso a prestaciones contributivas. La falta de adecuación de esta prestación a los nuevos perfiles de riesgo emanados de la recesión estuvo detrás de la reforma que, en diciembre de 2013, con los votos del PPdeG, fructificó en la nueva ley de inclusión social gallega. Cuatro años después de su entrada en vigor —y aunque el propio texto dio un plazo máximo de seis meses, agotado en junio de 2014, para elaborar las normas necesarias para su despliegue—, el decreto que debe completar su desarrollo apura la última fase de exposición pública con la previsión de que pueda quedar aprobado antes de que termine el año.

Aunque no ajena al debate —las fuerzas de la oposición y distintos colectivos sociales afean la utilización del mes de agosto para este último trámite—, esta última versión del decreto recoge algunas alegaciones básicas del sector, con la intención, apunta Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social, de ganar eficacia en la cobertura de situaciones de necesidad y contribuir al traslado de la recuperación a las personas en situación de vulnerabilidad económica. «Buscamos que sea un decreto participativo. Se incorporaron alegaciones y se volverán a considerar otras, pero es la tercera vez que se da la oportunidad de realizar aportaciones», expone acerca de las críticas a los tiempos y plazos de esta última exposición pública.

Entre las modificaciones de mayor calado referidas por el director xeral figura la supresión de la condición de desempleado como requisito imprescindible para optar a la prestación, uno de los seis puntos reclamados por más de una decena de organizaciones profesionales, políticas y sociales en el acuerdo de exigencias comunes presentado en el mes de mayo. Esta demanda, «lógica y coherente» a ojos del director xeral, viene a corregir una situación que bloqueaba el acceso a asalariados pobres y favorecía el trabajo en negro entre personas que dependían de la prestación.

Desincentivar ingresos en B

«Con los requisitos actualmente vigentes, una persona que trabaje a jornada parcial y no tenga más que un trabajo de dos horas diarias por el que a final de mes recibe 200 euros no puede acceder a la Risga aunque esté inscrita como demandante de mejora de empleo y aunque a todas luces su sueldo sea insuficiente para sobrevivir», ilustra Antía Sobrino, vicepresidenta del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. «La inmensa mayoría de la gente con la que trabajamos son personas que lo que tienen son ganas de tener un trabajo digno con un salario digno que les permita sostener a sus familias, pero si estás sola con tu hija cobrando 400 euros de Risga y puedes sacar 200 haciendo limpiezas en B pues lo vas a hacer porque evidentemente la cuantía no es suficiente», expone.

En esta misma dirección avanza el tramo de transición al empleo, otra de las novedades de la ley de 2013 pendientes de la aprobación del decreto. Con este nuevo complemento, la Risga se reducirá progresivamente, completando el salario del beneficiario en los primeros meses de acceso al mercado de trabajo (hasta un máximo de seis meses y sin que los ingresos totales puedan superar el 135% del salario mínimo interprofesional) con el objetivo de corregir la realidad actual en la que la retirada de la prestación desincentiva la aceptación de empleos de baja intensidad. Cambios con los que la Administración aguarda mejorar las tímidas ratios de inserción que año tras año arroja el dispositivo: un 14,85% de salidas por acceso a ingresos en 2017. La tasa tocó suelo en 2013 con un mínimo 7,75% de bajas por obtener otra fuente de recursos.

La apertura del dispositivo a personas con salarios insuficientes y la puesta en marcha del tramo de transición al empleo, apunta el director xeral, se traducirá en un incremento de las partidas destinadas a la prestación, que en este 2018 —y pensando en una aprobación más ágil del decreto— se concretó en 62,4 millones de presupuesto, cuatro más que en 2017.

Estas reformas, señala Parrado, llegan en un momento de cambio de tendencia. El descenso en el número de solicitudes (6.039 en 2017, un 11% menos que en 2016 y lejos de la casi ocho mil registradas en los años centrales de la crisis) y la reducción en la cifra de personas dependientes de la prestación (10.371 al cierre del pasado ejercicio, 390 menos que doce meses atrás) permiten pensar, sostiene, «que la recuperación económica empieza a tener efecto en estos grupos más vulnerables». En cualquier caso, añade, las nuevas garantías se traducirán en una ampliación del volumen de personas protegidas por la prestación (sólo la desactivación del requisito de desempleo se derivará en unos 400 usuarios más según las estimaciones que, con todas las cautelas, insiste, maneja su departamento ) y en un incremento de las cuantías por la incorporación del mencionado tramo de transición al empleo y del tramo de inserción, que sumará un complemento económico extra para apoyar itinerarios formativos y de mejora de la empleabilidad. Nuevamente subrayando la precaución que exigen este tipo de estimaciones, Parrado expone que la voluntad de los equipos es que no menos del 50% de los beneficiarios puedan estar en condiciones de avanzar en un programa de inserción y que al menos un 10% puedan compatibilizar el tramo de transición al empleo, que actuará como «salvaguarda» en esos primeros compases de la contratación.

Compartir domicilio

La cuantía de la Risga —el importe medio fue de 439 euros en 2017, y una petición recurrente del sector pasa por elevarla hasta el 60% del salario medio, el umbral que el Comité Europeo de Derechos Sociales marca como garantía para un nivel de vida digno— también se incrementará, apunta el director xeral, de la mano de otra modificación: la que permitirá que dos perceptores de Risga que comparten vivienda puedan beneficiarse a un tiempo del complemento económico para el pago de alquiler —el 10% del Iprem, unos 53 euros—. También, prosigue, por la excepción abierta a la norma general dictada en la ley de 2013 de conceder una única Risga por domicilio. El nuevo decreto abre la puerta a que dos unidades de convivencia obligadas a compartir residencia puedan optar a sus respectivas ayudas, siempre que cuenten con un contrato legal de arrendamiento.