La «operación Zamburiña», desde dentro de la comisaría

Según este anónimo, que en febrero del 2015 es remitido también a cuatro medios de comunicación, varios funcionarios estarían haciendo la vista gorda y dejando traficar a sus confidentes a cambio de información. La carta también señala directamente a dos efectivos policiales como autores de la desaparición de las armas, con nombres y apellidos, y llega a apuntar que una de las pistolas robadas ha sido utilizada en el atraco mortal en el que falleció la policía Vanesa Lage , información que más tarde se desmiente. El autor de la carta es uno de los doscientos funcionarios destinados en la comisaría de Orense, aunque por el momento se desconoce su identidad.

Asuntos Internos empieza a pinchar teléfonos en marzo de 2015. Un total de trece a cuyos propietarios también controlarán de cerca. Los investigadores buscan confirmar las acusaciones del anónimo y se centran en destapar una presunta red de policías corruptos a sueldo de traficantes de la ciudad. Sus indagaciones concluyeron el 10 de noviembre de 2015 con la detención de dos policías , uno de ellos el jefe del grupo de drogas y otro el agente más veterano del mismo grupo . También imputan a dos de sus compañeros de unidad. Las primeras declaraciones, la de los imputados y cinco testigos, tuvieron lugar a mediados de diciembre. La pasada semana la ronda de interrogatorios se retomó con la declaración de una agente investigada y dos testigos cuyas declaraciones habían quedado pospuestas. El sumario, de once tomos, incluye un esquema con las presuntas relaciones entre los investigados y los dos detenidos , acusados de los delitos de tráfico de estupefacientes, tráfico ilegal de armas, coacciones y revelación de secretos, entre otros. Los investigadores de Asuntos Internos concluyen en su informe que el cabecilla de esta trama es el inspector arrestado, al que acusan de recopilar información sobre otros compañeros en las bases de datos de la Policía «durante el turno de noche» y de facilitársela a sus confidentes a cambio de chivatazos que lo ayuden a medrar profesionalmente. Fuentes policiales consultadas por ABC niegan estas acusaciones y explican que quienes se dedican a la lucha contra el narcotráfico tiene que echar mano de confidentes que ayuden a destapar operaciones. « A veces se bordea la legalidad, pero una cosa es lo que uno dice y otra lo que al final hace y no hay pruebas de que los detenidos hayan hecho nada ilegal», explican.

Desde el SUP, sindicato policial mayoritario en Galicia, defienden que «no hay caso» y que la operación «fue desmedida». Como ejemplo desvelan que las armas se las llevaron del búnker sin cargador, algo inusual si se pretenden vender en el mercado negro porque los cargadores son difíciles de conseguir. Para explicar los enredos que mantienen en el punto de mira a la comisaría de Orense se remontan a problemas que quedaron atrás en tiempo y que podrían haber derivado en estas graves acusaciones, que el sindicato niega de plano.

«Son daños colaterales por una denuncia interna que fue archivada hace años por una cuestión de celos. Las armas, muy probablemente, están escondidas en algún lugar de la comisaría . Seguro que no han salido de ella y seguro que si la ponen patas arriba, aparecen», sostienen desde el SUP para defender la inocencia de unos compañeros a los que se les acusó incluso de pagar a los traficantes con estas pistolas. Asuntos Internos confirmó en su investigación que no fue así. El caso sigue abierto y los agentes detenidos suspendidos de empleo y alejados de una comisaría a la que ahora se dirigen todas las miradas.