Una nueva ley para «simplificar, actualizar y agilizar» la ordenación del territorio que sustituye a la de 1995

Con previsión de que entre en vigor a comienzos del próximo año 2020, después de que pase por la Cámara gallega, algo que ocurrirá sin mayores sobresaltos al contar el PPdeG con una holgada mayoría absoluta, la conselleira explicó a los periodistas que esta será una legislación que da «garantías» , ordenando el territorio de forma «coherente e igualitaria» en los 313 concellos con los que cuenta Galicia, ofreciendo una «ventanilla única» desde la que se atenderán todas las solicitudes mediante un proceso armonizado, simplificando así estos procesos. Además, explica el Gobierno autonómico, «es preciso tener una serie de instrumentos de carácter supramunicipal que garanticen esa igualdad de oportunidades a nivel de comunidad autónoma, con el fin de corregir los desequilibrios resultantes de la variedad que presenta el territorio de Galicia».

Destacó a su vez Vázquez que esto dará más facilidad a las empresas que quieran invertir en la Comunidad o a los ciudadanos, de los que buscará reforzar «su calidad de vida» . ¿Cómo? El Gobierno autonómico afirma que lo hará proporcionando «un desarrollo equilibrado de toda la Comunidad, garantizando la accesibilidad de toda la población a las infraestructuras y servicios, mejorando la relación del medio urbano y el medio rural, tratando de evitar el éxodo masivo del campo a las ciudades, estableciendo políticas y estrategias que hagan más atractiva la vida en el rural y potenciando el desarrollo económico y la sostenibilidad, aprovechando y valorando las oportunidades que ofrece el territorio y protegiendo los valores que presenta, tanto naturales como culturales», remarca.

El texto busca a su vez «evitar la duplicidad de trámites y procesos, lo que permitirá ahorrarles tiempo» a los concellos, de forma que se establece un único procedimiento de tramitación para todos los instrumentos de ordenación del territorio. De este modo, se velará por la «eficiencia» al «evitar cargas administrativas hoy innecesarias», mejorando además la «transparencia y accesibilidad» en los trámites referentes a la ordenación del territorio, remarcó en su turno de palabra Feijóo. En este sentido, el máximo mandatario autonómico defendió que la actualización de una norma que ha estado vigente durante casi 25 años se basa en los principios de coordinación, cooperación interadministrativa, racionalidad y planificación.

La Xunta también ha puesto la mirada en Europa al realizar este texto legislativo, ya que de esta manera se puede cumplir con los objetivos de la ley europea del territorio, explicó el máximo mandatario autonómico. Además, esgrimió Feijóo, le dará mayor seguridad a la figura del plan sectorial, que es aquel que ordena y regula la implantación de actividades sectoriales en el territorio, concretando y actualizando su definición para diferenciarla del concepto de proyecto sectorial. Esto dejará concretar y detallar el propósito de cada uno de ellos y «priorizar la planificación general, con el fin de garantizar que las actuaciones cumplan objetivos marcados para el conjunto de la Comunidad» , explica la Xunta en una nota. Así, se «evitarán las actuaciones aisladas y con criterios parciales que puede tener el desarrollo a través de instrumentos de planificación locales».

El presidente quiso remarcar también que este nuevo paso se suma al trabajo de su Gobierno en los últimos 10 años «para modernizar y actualizar el cuerpo urbanístico de Galicia», añade la Xunta. Concluyó la presentación de esta ley, que consta de 58 artículos, explicándose que «se adapta a la evolución territorial de Galicia y a su realidad actual», además de «poner en valor uno de los bienes más preciados, el territorio», y teniendo en cuenta la idea, también presente en los Orzamentos del año próximo, de que dos de las patas de la acción del Gobierno autonómico sean tener muy presentes una Galicia «verde y azul». El proyecto también fue presentado a 350 entidades diferentes, con 25 alegaciones realizadas , de las que se aceptaron, destacó la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, «el 40 por ciento».