Un juzgado investiga irregularidades en la cesión de la antigua cárcel a un grupo afín al gobierno de La Coruña

La apertura de estas diligencias es resultado de la denuncia que la Fiscalía Provincial de La Coruña presentó el pasado 1 de octubre, tras la que, a su vez, formuló ante el Ministerio Público el PP, formación que ha informado de la decisión adoptada por el juzgado y que se ha personado en la causa como acusación particular.

«Ya no es el PP ni la Fiscalía», ha señalado la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, Rosa Gallego, quien ha explicado que el auto explica que se abren diligencias previas «para determinar los hechos, las circunstancias y las personas que en ellos intervinieron» al «presumir» la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro , a preguntas de los periodistas, ha manifestado que es «lo normal» tras la denuncia de Fiscalía. «No es ninguna sorpresa, entra dentro de lo esperable en una actuación ordinaria del juzgado» . Según ha indicado, el gobierno local está «confiado en poder aclarar todo». «En esas diligencias, no se llamó a declarar a nadie del ayuntamiento, ni se nos remitió solicitud de información», ha dicho tras las actuaciones de Fiscalía. Por ello, ha reiterado su disposición a aclarar «lo que necesite aclaración».

En su escrito, el Ministerio Público solicitaba que se investigase, por presunto delito de prevaricación por parte de la concejala de Participación, Claudia Delso , la adjudicación de la cesión del uso de este edificio. Lo hizo tras concluir las diligencias de investigación que abrió el pasado mes de agosto, a raíz de una denuncia presentada por el PP después de la cesión del uso de la cárcel a la asociación Proxecto Cárcere, por resolución de 8 de septiembre de 2017, informa Europa Press.

Para el Ministerio Público, existen indicios de «la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio» a esta asociación «por encima del cumplimiento estricto de la legalidad». Por este motivo, estimó necesario «profundizar en la instrucción por la vía judicial ante la posibilidad de un delito de prevaricación», descartando, sin embargo, los delitos de malversación y contra la administración de justicia.