El Gobierno se sentará con Endesa para abordar el parón de As Pontes

Desde el lunes, los transportistas encargados de trasladar el mineral desde el puerto exterior de Ferrol a la térmica están encerrados en los consistorios de As Pontes, Ferrol y Vilalba para exigir que la central vuelva a estar operativa. Hoy anunciaban que no se irán hasta que obtengan «una solución por escrito». La térmica de Endesa cuenta con 160 personas en plantilla y otras 600 realizan trabajos vinculados a la central. El pasado mes de abril, Endesa decidía parar la quema de carbón, debido al encarecimiento del CO2, el principal gas responsable del cambio climático. El año pasado pagaba la tonelada a unos 8 euros, y ahora el precio ronda los 27. Los costes de producción también se vieron trastocados por la decisión del Gobierno central de imponer un nuevo impuesto, el céntimo verde, por el que la central debe abonar un 7% de toda su producción. Fuentes de la central reconocían a finales de julio a ABC que en las condiciones actuales «el panorama es muy complejo» para retomar la actividad .

En declaraciones a Ep, Gónzalez Formoso explicó que la mesa de trabajo para abordar la situación tendrá lugar «antes de que termine el presente mes de septiembre» . En ella se sentarán representantes de la compañía, el Gobierno central, el comité de empresa y el Ayuntamiento de As Pontes, así como el grupo de trabajo que se ha creado para abordar el futuro de la planta. «Conoceremos qué es lo que necesita la central térmica, de boca de su propietaria, para reactivar su actividad, y sabremos a donde está dispuesto a llegar el Gobierno para que esto sea posible», apuntó el regidor, que estuvo acompañado en Madrid por sus homólogos en los municipios de A Capela, As Pontes, Narón, San Sadurniño, Vilalba y Xermade.

Horas antes del encuentro en el Munisterio, el conselleiro de Economía, Francisco Conde, pedía al Gobierno central «transparencia» y «honestidad» hacia los trabajadores de la central térmica. En declaraciones a los medios en Vigo, Conde instó a la Administración central a que «le diga la verdad» a los empleados de As Pontes, ya que en estos momentos «dependen de una decisión política cerrar» las centrales térmicas.

Según informa Efe, el conselleiro acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «estar actuando de forma precipitada» al «penalizar» a las empresas que apostaron por invertir en la adecuación de sus instalaciones a las directivas de europeas sobre contaminación. As Pontes lleva ya ejecutado el 60% de la inversión de 217 millones de euros con la que pretendía tener el visto bueno de Europa para poder seguir produciendo electricidad hasta 2035. Pero la mejora de los procesos productivos de la planta no le ahorrará toneladas CO2 sino que reducirá otros gases, también nocivos para el medio ambiente. «Independientemente del precio del CO2, el Gobierno está tomando medidas que están penalizando a estas empresas como Endesa», denunció Conde, para alertar que 750 familias dependen de una decisión «que es política».