La condición de zona catastrófica llega a Tui tres meses después de la tragedia

Conocido el anuncio, el alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín afeaba la falta de concreción del Gobierno en la información relativa al tratamiento tributario de las ayudas, precisamente uno de los aspectos que más inquietan a los afectados que, el 23 de agosto, coincidiendo con el tercer mes de la tragedia, denunciaban la imposibilidad de muchas familias de acceder a las compensaciones autonómicas por no poder hacer frente a sus costes fiscales, cifrados en el 20-40% de la cuantía recibida. «No aclaran nada de exenciones fiscales con respecto a las ayudas, ni sobre el IRPF» , señaló el regidor a Ep, aunque apostó por la prudencia a la espera de las explicaciones y desarrollos pertinentes.

A la espera también de la concreción en el BOE del paso completado ayer por el Gobierno, los afectados consideraron irrenunciable el «compromiso por parte del Gobierno central de exención fiscal total y para todas las ayudas ». En distintas ocasiones a lo largo de los ya más de tres meses transcurridos desde la tragedia, los vecinos han denunciado la delicada situación de perceptores de pensiones no contributivas, que podrían perderlas al computar como ingresos las ayudas a sus viviendas. Un riesgo similar, aseguran, pesa sobre los pensionistas con complementos a mínimos reconocidos.

Tampoco han convencido a los afectados las asignaciones económicas que sí detalla el texto difundido ayer por La Moncloa; una redacción general en la que la explosión de Paramos comparte espacio con el fuego forestal que entre el 7 y el 9 de agosto calcinó tres mil hectáreas en el municipio valenciano de Llutxent y forzó múltiples desalojos. Así, la Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei calificó de «cuantías irrisorias para cubrir la totalidad de los daños» la asignaciones aprobadas por el Consejo de Ministros, insistiendo en la exigencia de un «resarcimiento total de los daños causados por la explosión, independientemente del grado de afectación, las rentas anuales y el estado de las viviendas».

Las medidas que sí detalla el texto difundido por La Moncloa (complementarias con las ya habilitadas desde otras administraciones y comunes para los damnificados por el incendio de Llutxent) consisten en ayudas de hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente, hasta 2.580 euros por destrucción o daños en enseres, hasta 8.000 euros por perjuicios en negocios, industrias o explotaciones agrarias, ayudas a las corporaciones locales por los gastos asumidos en actuaciones inaplazables de emergencia y ayudas por daños en viviendas: hasta un máximo de 15.120 euros por destrucción total, de 5.160 euros en el caso de daños a la estructura o 2.580 euros por destrozos en enseres domésticos de primera necesidad. También, detalla el texto, «se prevé la posibilidad de una exención de las tasas aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducción o circulación».

Un día después del anuncio, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha ampliado este sábado la explicación de las medidas previstas, apuntando que «todas las ayudas que reciban los afectados quedan exentas de tributación» . A las ayudas económicas y fiscales que, detalló, implican a nueve ministerios, Losada ha sumado una «ayuda extraordinaria al desescombro» que, afirma, supera el marco normativo de las aportaciones del Estado para este tipo de catástrofes. «El acuerdo recoge todas las medidas al alcance del Gobierno de España y es un acuerdo a desarrollar en cada uno de sus puntos, por lo que la Delegación del Gobierno se pone a disposición de todas las familias para que vuelvan a sus vidas, que es el deseo de todos», señaló.