Estas son las medidas del Gobierno para abaratar los costes de empresas como Alcoa

Tal y como recordó el pasado viernes la ministra de Industria, Reyes Maroto, urge vincular de un modo«relevante» las ayudas públicas concedidas a las electrointensivas con «mantener el tejido productivo y dar continuidad» a su actividad. Por ello, dentro del paquete de medidas, el Gobierno exigirá a las compañías una garantía de permanencia durante tres años a partir del momento en que reciben las subvenciones . Se estima que en la última década, Alcoa recibió en torno a 1.000 millones de fondos públicos para rebajar el precio de la luz, la mitad durante los últimos cuatro años. La multinacional siempre ha negado que se haya beneficiado de ayudas para sufragar su actividad.

No obstante, el compromiso no es solo con la continuidad de su funcionamiento. El Ejecutivo también obligará a este tipo de compañías a no despedir al 15% de sus plantillas en caso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) . En cambio, sí permitirá que reduzcan su producción en el mismo porcentaje, aunque siempre y cuando la decisión sea «temporal» —durante «el proceso de búsqueda de inversores»— y se recupere «el 50 por ciento» de la producción y el empleo anteriores al reinicio de la actividad.

Otras de las medidas reflejadas en el BOE es el mandato autoimpuesto del Gobierno a desarrollar un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, mediante el cual se «reconozca las particularidades» de las empresas «con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda y una curva de consumo estable y predecible» . Desde que estalló la crisis de Alcoa, prácticamente todos los agentes y administraciones, empezando por la Xunta, exigían la configuración de un marco regulatorio ajeno a los vaivenes del mercado eléctrico.

Es la tercera medida dirigida a abaratar la luz. Se conoce como «redes de distribución eléctrica cerradas» a aquellas que suministran «energía eléctrica a una zona industrial, comercial y o de servicios compartidos» de entidad «reducida, desde el punto de vista geográfico» . Su implantación —permitida desde el 2009 por la UE— requerirá de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, previa informe favorable de Competencia. También en seis meses, el Gobierno promete aprobar un reglamento en el que se reflejen las condiciones de sostenibilidad o las garantías de seguridad de estas redes.

Al margen de lo dispuesto en el BOE, Maroto aprovechó la rueda de prensa del último Consejo de Ministros para anunciar el pago de las ayudas de compensación derivados de los costes del CO2 . Serán un total de 150 millones.

Para el resto de los sectores industriales, el Gobierno también ha previsto medidas, como por ejemplo la prolongación de un máximo de dos años en la vida útil de las plantas de cogeneración que empleen energía renovable —y hayan excedido el límite para su continuidad en 2018—. O la prórroga hasta el año 2023 para las empresas de la industria manufacturera con contrato de relevo: un instrumento que permite firmar contratos jóvenes en sustitución de las jubilaciones parciales.