Cultura busca esquivar los recelos del alcalde a instalar cámaras de vigilancia

El recelo inicial del consistorio, que ostenta las competencias de este espacio, fue atajado por Román Rodríguez al indicar que «si el ayuntamiento no quiere hacerse cargo de los costes, los asumirá la Xunta» . Pero lo cierto y verdad es que, más allá del desembolso económico, el Gobierno gallego busca ya —en colaboración con la Delegación del Gobierno en la Comunidad— una fórmula para poder instalar las cámaras en caso de que Noriega no dé el brazo a torcer. Según fuentes consultadas por ABC, el objetivo del departamento que dirige Rodríguez es «poner medidas para que estos ataques no se conviertan en norma» . Y para ello podrían agarrarse a que la zona antigua compostelana es un Bien de Interés Cultural y, además, Patrimonio de la Humanidad.

Como primer paso, Cultura ya ha pulsado la opinión del Cabildo de la Catedral, dispuesto desde hace mucho tiempo a mejorar el control en el entorno de una basílica que, frente a la seguridad de la que dispone en su interior, flaquea en todos sus exteriores. La mejor muestra de esta debilidad fue la incapacidad para identificar a la persona que el pasado agosto pintó con rotulador un talla del siglo XII en el plaza de Platerías, que costó más de 12.000 euros limpiar. Con el visto bueno de los responsables del templo —que incluso han planteado la posibilidad de monitorizar este sistema vinculándolo al del interior— Cultura tratará ahora de canalizar las conversaciones con Raxoi. Pero, a esperar de sacudirse esta piedra del zapato, Rodríguez no dudó en plantear que «se pedirán los permisos pertinentes y se firmarán los acuerdos que sean precisos» para impulsar la medida. Sobre esta idea, el conselleiro avanzó que «las cámaras externas se instalarían en los lugares más sensibles a la hora de garantizar la vigilancia de la integridad de las fachadas, después de los correspondientes estudios sobre cuáles son los mejores ángulos de visión y emplazamientos».

De forma paralela a la propuesta de la Xunta, el concejal de Medio Ambiente y Convivencia, Xan Duro, mantuvo ayer una reunión con la Policía Local y Nacional en la que se acordó que «ambos cuerpos evaluarán la necesidad de mejorar el sistema de vigilancia con cámaras», que en la actualidad consta de nueve objetivos, tres de ellos en la Plaza del Obradoiro, pero que solo permiten visionado en tiempo real (no grabación) y que no resultan efectivos en condiciones, por ejemplo, de niebla o lluvia intensa. En declaraciones a este medio, fuentes municipales indicaron que «esta mejora no tiene que suponer la colocación de más cámaras» , aunque «está todo abierto». «Por parte de la Xunta no hemos recibido una propuesta formal, pero «tenemos que garantizar la intimidad de la gente», insistieron. Además, desde Raxoi defienden que «fiar todo a las cámaras es imposible, porque en la ciudad hay más bienes y calles que controlar. Entonces, ¿dónde está el límite?» se preguntan.

La idea en la que ahora se afana el Gobierno gallego recuerda a la que hace diez años llevó al regidor del momento, el socialista Sánchez Bugallo, a los tribunales. Él defendió que el sistema de vídeo control de aquel momento en la zona antigua era legal frente a una denuncia del Movemento polos Dereitos Civis que, finalmente, logró que estas cámaras se retirasen. Sobre la polémica, el profesor de Derecho Constitucional en la USC, José Julio Fernández, explicó en conversación con este medio que la decisión de instalar las cámaras depende exclusivamente en este caso del ayuntamiento. « Siempre hay problemas en los concellos . Es un tema regulado, pero que se acaba politizando porque para algunos poner cámaras es represión y para otros seguridad», asegura el experto. Además, incide Fernández, a la hora de implantar un nuevo sistema de vigilancia habría que defender la «proporcionalidad» del mismo. Un hecho que en el caso de la Catedral parece evidente y que ayudaría a que las cámaras no solo grabasen, sino que guardasen las imágenes durante un mes , como la ley contempla.