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Crimen Diana Quer

Prorrogan la prisión provisional del Chicle, como máximo, hasta 2032

El juez destaca que «no se ha discutido la subsistencia de motivos justificadores», según el auto de la Audiencia Provincial de La Coruña

El Chicle, durante el juicio por el que fue condenado a prisión permanente revisable MIGUEL MUÑIZ

ABC

La sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago, ha acordado la prórroga de la situación de prisión provisional de José Enrique Abuín , más conocido como « El Chicle », condenado a la pena de prisión permanente revisable, a cuatro años de prisión y a quince años de libertad vigilada por la muerte de Diana Quer, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Audiencia decreta que la máxima duración posible de la prisión provisional concluirá el 29 de diciembre de 2032 . «Debe precisarse que tal es el tiempo máximo que la norma permite, lo que no implica –ni es en absoluto previsible- que la medida pueda tener necesariamente tal duración, ni excluye que el tiempo transcurrido de privación provisional de libertad constituya un factor que deba ser tenido en cuenta para el mantenimiento o cesación de la medida, como exige su naturaleza provisional y excepcional», explica el magistrado presidente en el auto. El juez destaca que «no se ha discutido la subsistencia de motivos justificadores de la situación de prisión preventiva».

La defensa de Abuín presentó la semana pasada un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial -125 folios de escrito-, en el que solicita la nulidad de la sentencia, la repetición del juicio y que este se lleve a cabo con un tribunal profesional y no un jurado popular.

Para la defensa de Abuín, tanto la sentencia condenatoria conocida el pasado 17 de diciembre como el veredicto previo del jurado adolecen de una «motivación defectuosa» , y no son sino el corolario de un procedimiento viciado en el que, a su parecer, hubo «falta de independencia judicial» y «de objetividad, imparcialidad, veracidad y rigor» en forenses y policías, además de permitirse «pruebas incriminatorias» ilícitas.

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