La corrupción vuelve a salpicar a un alcalde pedáneo socialista de Bembrive, en Vigo

Castro, en el cargo desde las elecciones de 2019, está ahora en la picota por la contratación y pago del suministro de sidra para la fiesta anual de esta entidad local. Según la Fiscalía, y tal como recoge Ep, el político socialista no habría seguido los procedimientos legales y ordenó el pago de 250.000 euros fraccionados en diferentes facturas.

Los hechos en cuestión datan de las ediciones de 2019 y 2020 de este evento, que se desarrolla en el mes de octubre. De acuerdo con el escrito de acusación pública, el alcalde pedáneo de Bembrive, «actuando con la intención de atentar contra los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades y a sabiendas de su ilegalidad, en ejecución de un plan preconcebido», adjudicó de forma directa a una empresa los contratos de suministro de la bebida que protagoniza este festejo.

El gasto se desglosó en 120.000 euros en 2019 y 130.000 euros en 2020. Castro —siempre según el Ministerio Fiscal— fraccionó ese cuarto de millón hasta en 17 facturas, con importes que oscilaron entre 7.297 y 17.908 euros. La mayoría superaban los 15.000. Lo hizo, además, pese a los reparos que presentó la interventora de la entidad local a las facturas, «por tratarse de una adjudicación verbal sin base en contrato administrativo que sustente dicha contratación, no someterlo a su fiscalización previa y por prescindir totalmente del procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros».

Castro, por su parte, levantaba sistemáticamente el reparo suspensivo y ordenaba los pagos, «a sabiendas del carácter ilícito». Ahora se enfrenta a una acusación de prevaricación continuada que, de ser firme, llevaría aparejada su inhabilitación. El juicio, aunque estaba señalado para ayer, en un juzgado de lo penal de Vigo, fue suspendido, según la citada agencia.

De resultar condenado, Castro tendría el dudoso honor de sumar su nombre al de Ballesteros, quien primero recibió una sentencia de siete años de inhabilitación por retirarles las retribuciones a los vocales del PP en la Junta Vecinal; y después otra de dos años y dos meses de prisión, y otros siete de inhabilitación, por pagar una obra que no se llegó a ejecutar —lo que llevó aparejados los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación—.

En una tercera causa, el pasado marzo, quien fue alcalde pedáneo de Bembrive desde 2011 hasta que dimitió en 2018, aceptó nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, por la adjudicación de varias obras 'a dedo', por valor de casi 800.000 euros, entre 2013 y 2016.