Trabajadoras en una fábrica de conservas gallega
Trabajadoras en una fábrica de conservas gallega - MIGUEL MUÑIZ
Permanencia de Ence en la ría

La Xunta ve cien empresas en riesgo por un cambio normativo de Costas

El Gobierno rebaja a cuatro las firmas que podrían tener que abandonar los terrenos públicos, además de la pastera. Las consellerías de Medio Ambiente y Mar subrayan que afectará a gran cantidad de conserveras o depuradoras

SantiagoActualizado:

El cambio de postura del Gobierno central sobre la continuidad de la pastera Ence en terrenos del litoral público pontevedrés podría afectar a otras empresas. Las conselleiras de Medio Ambiente y Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, han alertado de que un centenar de compañías dedicadas a la conserva, la depuración de moluscos o la acuicultura quedan «en una situación de inseguridad jurídica». El Ministerio de Transición Energética, sin embargo, rebaja considerablemente esta cifra y señala que sólo otras cuatro empresas gallegas podrían, como Ence, tener que abandonar su actual ubicación al borde del mar.

A principios de este año la Abogacía del Estado realizó un informe sobre las prórrogas otorgadas a las concesiones para ocupar el dominio público marítimo terrestre. Los letrados dejaron claro que como máximo podrían tener una duración de 75 años contados desde el inicio de la concesión y no desde la renovación. El informe ha tenido dos efectos inmediatos. Por un lado el Estado ha decidido dejar de defender en los procesos judiciales abiertos que Ence pueda seguir en los terrenos de Lourizán en Pontevedra hasta el año 2060. Por otro, se ha decidido modificar el reglamento que desarrolla la reforma de la Ley de Costas acometida por el Gobierno popular en 2013, para dejar claro que como máximo se podrá ocupar el litoral público durante 75 años.

«Por la puerta de atrás»

La Xunta de Galicia acusa al Gobierno central de acometer «por la puerta de atrás» y «con nocturnidad y alevosía» el cambio. Denuncia que un centenar de empresas en Galicia podrían verse afectadas, además de edificios públicos y hoteles. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, carga contra la «actitud totalmente torticera» del Gobierno que propuso el cambio del reglamento «cinco días después» de su decisión de desistir en la defensa en los tribunales de la prórroga de la concesión de Ence. Según Vázquez, lo hizo para «vestir jurídicamente aquello que no debieron hacer bien del todo». Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, el informe de la Abogacía del Estado detectó que el reglamento era «contra legem», es decir, contrario a la Ley de Costas y por lo tanto había que corregirlo.

El Gobierno estudia ahora las 1.600 alegaciones recibidas, entre ellas las presentadas por la Xunta. El Ejecutivo gallego se queja de que el Gobierno central solo dio «siete días» a la Comunidad para responder, tras estar expuesto el texto durante diez días. «Iremos hasta donde haga falta», explicó Vázquez. La responsable de Mar, Rosa Quintana, remarcó que el riesgo para las compañías viene derivado por que se limita el periodo máximo de permanencia a 75 años «desde la primera concesión». A diferencia de la Abogacía del Estado, el Gobierno gallego entiende que la Ley de Costas sí autoriza a que este plazo empiece a contar desde que fue tramitada la prórroga. Desde Transición Ecológica precisan que una vez finalizada la concesión los beneficiarios pueden volver a pedirla, eso sí, tendrán que concurrir con otros interesados a ocupar los terrenos públicos.

Dependiendo de la actividad

Pero no podrán continuar con la concesión si se considera que su actividad se puede realizar lejos de la costa. Este es el segundo motivo que alegó la Abogacía del Estado para considerar que la prórroga concedida a Ence no fue «conforme a derecho». Y en este grupo se encontrarían otras cuatro empresas en Galicia, dos en La Coruña y dos en Pontevedra. Aunque el Ministerio no da nombres porque «no hay procedimientos judiciales abiertos» como en el caso de Ence, sí precisa que son compañías de un menor tamaño que la fábrica de pasta de papel. La modificación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas deja en esta situación a un total de 31 concesiones en toda España. El Ministerio precisa que en el caso de las las industrias de actividades vinculadas al mar «lo lógico es que se queden» y apunta que ninguno de los astilleros ocupa el dominio público marítimo terrestre en la Comunidad gallega.

Pero tanto Vázquez como Quintana alertaron del impacto que tendría para la industria gallega asentada en la costa que las concesiones empiecen a caducar antes de lo previsto, obligando a las empresas a buscar nuevos emplazamientos. Para la titular de Medio Ambiente esta modificación «se lleva por delante a Galicia», pues «influye no solo en el sector del mar, sino en el resto de concesiones», «desde hoteles» a otras industrias, «centros de salud y colegios». Para la de Mar, es un «golpe económico tremendamente preocupante para la Comunidad».

Ambas conselleiras se reunieron este viernes con la Asociación Galega de Depuradores (Agade) y la empresa Mariscos Joyfra. El Gobierno gallego informa que seguirá manteniendo contactos con los sectores y municipios ante el riesgo de que «no haya las prórrogas que antes sí estaban establecidas». Por este motivo, la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclama al Gobierno central que «dé un paso atrás» sobre este «sinsentido».