El alcalde, Manuel Vázquez Faralde (2i), y Valentín González Formoso (3i), ayer en Miño
El alcalde, Manuel Vázquez Faralde (2i), y Valentín González Formoso (3i), ayer en Miño - CEDIDA
POLÍTICA

El concello de Miño, asfixiado por una deuda de más de 22 millones

El alcalde espera que Hacienda abra la mano por la «situación crítica» que afrontan

Pablo Pazos
SANTIAGOActualizado:

Al municipio coruñés de Miño, de poco más de 6.000 habitantes, lo aplasta una losa en forma de deuda que pesa más de 22 millones de euros. Su alcalde, el socialista Manuel Vázquez Faraldo, reconoce que están «asfixiados». «Es una asfixia financiera total. Es una situación crítica, financiera y económica. No tenemos ni capacidad económica para afrontarlo ni capacidad de financiación», asegura en conversación con ABC. Para entender la magnitud de esa deuda, que cuadruplica el presupuesto municipal —5,5 millones—, hay que remontarse a comienzos de siglo, en pleno desarrollo urbanístico de Miño, cuando la empresa Fadesa emprende la construcción de una urbanización de 1,5 millones de metros cuadrados. La constructora actuó como «agente urbanizador» y el ayuntamiento como «órgano expropiante» de los terrenos.

Según Vázquez Faraldo, de forma «inexplicable», Fadesa nunca presentó los avales que exigía una cláusula en el contrato, por los que debía garantizar no solo el precio de las tierras, sino el que podrían alcanzar en caso de que los expropiados no estuviesen de acuerdo con el precio que fijó el jurado provincial de expropiación: 6,32 euros por metro cuadrado. Algo que sucedió en «gran parte» de los casos. Tras un largo proceso judicial, el valor quedó fijado en 25,90 euros. «20 euros más, en números redondos», comenta el regidor. Esa diferencia tendría que haberla asumido Fadesa... pero entró en concurso de acreedores en 2008 y dos años después el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sentenció que el responsable subsidiario pasaba a ser el concello.

El consistorio se vio ante una deuda de más de 15 millones, de los que 14,3 se corresponden a los pagos que debían hacerse a los expropiados, y recurrió a un crédito del Estado. Pagó a los afectados, pero tarde: entre 2017 y principios de 2018. Las fincas se habían empezado a ocupar en 2004. En ese lapso se generaron unos intereses: el agujero se ensanchaba en otros 7,5 millones. De forma también «inexplicable», a ojos de Vázquez Faraldo, el ayuntamiento recurrió. Y perdió —sentencia del TSXG de diciembre de 2018—. Pero tampoco pagó. Y los tribunales —«supongo que cansados de todas las desobediencias y triquiñuelas»— vuelven a intervenir:en julio, ya con nuevo equipo de gobierno municipal, el TSXG impone un interés «penalizador» desde diciembre a esos intereses, del 3,5%, hasta que se abonen.

Varios frentes abiertos

«Lo primero que hicimos fue llamar a todas las puertas: Ministerio [de Hacienda], Xunta y Diputación», rememora el primer edil. «Están siendo receptivos a nuestro planteamiento». Éste pasa por una «doble vía»: que Hacienda les haga un nuevo préstamo, para afrontar los intereses, y a la vez «negociar» para que el ya concedido, de más de 15 millones, otorgado hace dos años y a pagar en 10, «nos los aplace a (...) 20 o 25 o 30». Vázquez Faraldo echa cuentas: al ritmo actual, Miño debería devolver 2,2 millones al año para solventar la deuda total, de más de 22. Algo «imposible» con su presupuesto.

«A su vez», añade, «estamos intentando llegar a un acuerdo con los expropiados», que pasaría por que «renuncien» al interés sobre los intereses si obtienen el nuevo préstamo y lo valoran como una señal de que serán resarcidos. «Soy optimista. Creo que con el esfuerzo de Diputación, Xunta y Gobierno central podemos encarrilar el tema», asegura el alcalde a este diario. Este jueves, precisamente, recibió el apoyo del ente provincial a través de su presidente, Valentín González Formoso.

Entiende que, llegados a este punto, sobra apuntar a los «culpables» y su «dejadez y negligencia de libro», pues ya se «hizo justicia» en las municipales que le dieron el bastón de mando, relevando al independiente Ricardo Sánchez Oroza. El objetivo es que los vecinos sufran «el menor daño posible» por el pago de la deuda.