CC.OO. pide a Sánchez una mejora de las pensiones y la dependencia

Tanto Sarmiento como el secretario general de la Federación Gallega de Jubilados, Carlos Mella, destacaron que dichas cuestiones revisten un especial interés para Galicia. Más aún cuando se trata también de una de las comunidades con mayor número de pensionistas en proporción y, al mismo tiempo, con una de las prestaciones más bajas en relación con la media estata l –840,51 euros frente a 990,87–. Por esta razón, los dirigentes consideran necesaria una revisión en el marco del Pacto de Toledo que garantice unas pensiones dignas y de calidad encaminadas a lograr un «envejecimiento activo».

En este sentido, la organización señaló que «cada vez son más los mayores que quieren envejecer en sus casas», por lo que el sindicato reclama al nuevo Gobierno central que adopte medidas que, además de aumentar las prestaciones para que los beneficiarios puedan hacer frente tanto a gastos básicos como imprevistos, sirvan para mejorar la atención a la dependencia y el mayor número de plazas públicas en residencias. Para ello, advierten, los mayores no tienen que ser vistos como «generadores de gastos, sino de empleo».

En relación a las carencias que presenta la dependencia, la secretaria de Emprego de CC.OO, Maica Bouza, resaltó que el 12% de los gallegos que tienen reconocido ese derecho no disfrutan de los servicios correspondientes. También pidió a la Xunta destinar recursos que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras asistenciales y calificó los datos del sistema de atención a la dependencia gallega como «insuficientes».

En cuanto a las plazas hospitalarias, los ponentes lamentaron la desigualdad numérica entre aquellas de carácter público y privado . Así, mientras que el sindicato asegura que las primeras suman un total de 4.324 en todo el territorio (1.640 en A Coruña, 993 en Pontevedra, 907 en Orense y 784 en Lugo), las privadas se sitúan, según datos aportados por la organización, en cerca de 20.000. Por otro lado, incidieron en la necesidad de que haya más médicos geriatras -«al igual que hay pediatras para los niños»- en la sanidad pública, lo que contribuiría a reducir el número de personas fallecidas que viven solas, una cifra que fue de 15 en 2019.