Núñez Feijóo, esta mañana junto a la secretaria de Estado Irene Garrido
Núñez Feijóo, esta mañana junto a la secretaria de Estado Irene Garrido - EFE
PETICIÓN DE LAS CC.AA. DEL NOROESTE

El Gobierno acepta tener en cuenta dispersión y envejecimiento para la financiación autonómica

Transige así con una demanda conjunta de Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández, plasmada en una cumbre de los tres presidentes a comienzos de mes

SANTIAGOActualizado:

El frente común del noroeste peninsular para no ser los grandes damnificados en el debate de la financiación autonómica que está pendiente de iniciarse en España parece que está surtiendo efecto. Este lunes, durante un desayuno informativo en Vigo, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la gallega Irene Garrido, ha reconocido que el nuevo modelo deberá atender «a las especificidades de cada territorio», y por ello habrá de tenerse en cuenta la diversidad de factores que actúan sobre cada comunidad. Garrido se ha mostrado reacia igualmente a abordar medidas excepcionales como condonaciones de deuda, quitas o tratos diferenciales entre autonomías, algo que ha considerado meros «parches» y un comportamiento «injusto» para el resto de territorios.

Durante su intervención, Garrido ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que el futuro modelo surja de un acuerdo entre PP y PSOE, los dos partidos que gobiernan la mayoría de comunidades en el Estado, por lo que urgió a los socialistas a participar de la negociación. «Tenemos que poner todos de nuestra parte para llegar a un modelo de consenso», ha rematado.

Frente del noroeste

Las manifestaciones de la secretaria de Estado son el primer pronunciamiento público de un alto cargo del Ministerio de Hacienda favorable a las tesis que defienden los presidentes del noroeste peninsular, Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández. Estos tres mandatarios ya enviaron un mensaje de unidad -pese a sus diferentes militancias políticas- el pasado día 4 de diciembre en una cumbre en Oviedo frente a quienes pretendan convertir la financiación autonómica en un instrumento para calmar al secesionismo catalán o primar territorios por intereses electorales y partidistas.

Además, los barones del noroeste han advertido contra cualquier amago de querer distribuir los recursos a través de una mera contabilidad de habitantes, lo que Feijóo calificó en la última entrevista que concedió en ABC «brocha gorda», ya que de ese modo no se atendería a las dificultades específicas que estos territorios padecen para la prestación de los servicios públicos, como la educación o la sanidad, directamente afectados por variables como el envejecimiento o la dispersión.

Galicia, Castilla y León o Asturias necesitan ejercer de contrapeso a las demandas de mayor financiación que reclaman las autonomías más pobladas, como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, concurriendo en esta última la agravante de la tensión generada por la deriva soberanista. En la declaración conjunta firmada en Oviedo por Feijóo, Herrera y Fernández se estableció como primera y fundamental demanda que el Estado deberá dotar al sistema «de mayores recursos» y no limitarse a redistribuir los existentes, porque en la actualidad existen «déficits de financiación en los servicios». Además, el resultado final deberá garantizar que ninguna comunidad sale peor de cómo empezó la negociación.

La declaración recogía además la garantía de que el sistema se fije «atendiendo a los determinantes de las necesidades de gasto reales» de las distintas autonomías, y para ello —como Galicia ha venido defendiendo desde el principio— «deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población», entre otros.