El Gobierno acepta tener en cuenta dispersión y envejecimiento para la financiación autonómica

Durante su intervención, Garrido ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que el futuro modelo surja de un acuerdo entre PP y PSOE, los dos partidos que gobiernan la mayoría de comunidades en el Estado , por lo que urgió a los socialistas a participar de la negociación. «Tenemos que poner todos de nuestra parte para llegar a un modelo de consenso», ha rematado.

Las manifestaciones de la secretaria de Estado son el primer pronunciamiento público de un alto cargo del Ministerio de Hacienda favorable a las tesis que defienden los presidentes del noroeste peninsular, Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera y Javier Fernández. Estos tres mandatarios ya enviaron un mensaje de unidad -pese a sus diferentes militancias políticas- el pasado día 4 de diciembre en una cumbre en Oviedo frente a quienes pretendan convertir la financiación autonómica en un instrumento para calmar al secesionismo catalán o primar territorios por intereses electorales y partidistas.

Además, los barones del noroeste han advertido contra cualquier amago de querer distribuir los recursos a través de una mera contabilidad de habitantes , lo que Feijóo calificó en la última entrevista que concedió en ABC «brocha gorda» , ya que de ese modo no se atendería a las dificultades específicas que estos territorios padecen para la prestación de los servicios públicos, como la educación o la sanidad, directamente afectados por variables como el envejecimiento o la dispersión.

Galicia, Castilla y León o Asturias necesitan ejercer de contrapeso a las demandas de mayor financiación que reclaman las autonomías más pobladas , como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, concurriendo en esta última la agravante de la tensión generada por la deriva soberanista. En la declaración conjunta firmada en Oviedo por Feijóo, Herrera y Fernández se estableció como primera y fundamental demanda que el Estado deberá dotar al sistema «de mayores recursos» y no limitarse a redistribuir los existentes, porque en la actualidad existen «déficits de financiación en los servicios». Además, el resultado final deberá garantizar que ninguna comunidad sale peor de cómo empezó la negociación.

La declaración recogía además la garantía de que el sistema se fije «atendiendo a los determinantes de las necesidades de gasto reales» de las distintas autonomías, y para ello —como Galicia ha venido defendiendo desde el principio— «deberán tenerse en cuenta, en mayor medida, variables tales como los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobreenvejecimiento de la población», entre otros.