El bloqueo judicial se acerca al mes mientras el diálogo sigue congelado

Hasta el momento, el conflicto está completamente varado , a la espera de que alguno de los agentes —bien la administración, bien los huelguistas, en caso más improbable, un mediador— levante el teléfono y los convoque de nuevo a la mesa de negociación. Los intentos producidos hasta hoy han fracasado estrepitosamente. Desde que los sindicatos plantaran el diálogo acusando al director xeral de FunciónPública, José María Barreiro, de «dinamitar» las conversaciones;no se han producido nuevas aproximaciones.

Y eso que por parte del Ejecutivo autonómico han existido avances . La pasada semana comenzó con los partidos de la oposición haciendo piña para reclamar la comparecencia del vicepresidente Alfonso Rueda . Al día siguiente, y a petición propia, el también responsable de Xustiza anunció que rendiría cuentas en la Cámara. Lo hará el martes. Después, los sindicatos exigieron que fuera él quien se pusiera al frente de las negociaciones. También accedió. Y se mostró dispuesto, además, a « hablar de todo» , como dejando una ventana abierta a negociar sobre el complemento salarial autonómico.

Lo único que la Xunta reclamó a cambio fue dejar las protestas en suspenso para poder acabar así con algunas circunstancias kafkianas, como la imposiblidad de expedir certificados de defunción o registrar nacimientos . El comité de huelga se negó en rotundo, bajo la premisa de que dar marcha atrás significaría romper el compromiso adquirido en las asambleas de trabajadores y quedarse sin alternativas por si la Xunta no logra mejorar sustancialmente su oferta.

Sobre la mesa hay dos propuestas. La de las organizaciones sindicales pasa por acabar con la discriminación de las incapacidades temporales (IT), una oferta de empleo de 106 plazas o incrementar en 225 euros al mes la nómina de todos los funcionarios —unos 2.700 euros al año— para posicionarse entre los mejor retribuidos de España. Fuentes consultadas por ABC, sin embargo, detallan bastaría con que el aumento oscilara los 200 euros para desbloquear el diálogo.

La Xunta, por su parte, sostiene que ni va a «comprar» la solución del conflicto ni está dispuesta a llegar —por « inasumibles» — a las cifras que manejan los huelguistas. Su oferta mejora el salario anual entre 860 y 1.080 euros , en función de la categoría, y sitúa a los trabajadores «por encima de la media» respecto a sus colegas de otras comunidades autónomas. Y todo, sin contar las negociaciones que se están llevando a cabo dentro de la Mesa de Función Pública en Madrid. Justo al contrario que en Galicia, donde las conversaciones siguen en suspenso.