Rueda apela a una negociación «sin excusas» para frenar el colapso judicial

La panorámica que rodea la huelga es compleja. Los paros encadenan tres semanas. Los jueces, abogados y fiscales no dejan de manifestar su preocupación, y la celebración de algunos juicios podría retrasarse hasta comienzos de la próxima década. En este laberinto, las conversaciones se rompieron hace días, cuando las centrales sindicales se levantaron de la mesa y acusaron al director xeral de Función Pública, José María Barreiro Díaz, de dinamitar las negociaciones.

La Xunta, no obstante, no piensa ceder. «Si nosotros hiciéramos lo mismo así podrían pasar semanas, vamos a hablar de lo principal, que es la propuesta con independencia de quién la transmita» , manifestó Rueda, en un intento por visibilizar que los «vetos» alejan todavía más las posibilidades de llegar a un acuerdo. Hasta el momento, la última propuesta del Ejecutivo no ha variado: frente al «inasumible» 14% de subida (2.700 euros al año) que exige el comité de huelga, la administración ofrece un incremento del complemento autonómico de entre 816 y 1.080 euros —en función de la categoría— y sujeto, además, a los acuerdos que se firmen en la mesa de Función Pública en Madrid.

La raíz del conflicto es meramente económica. En el fondo, algunas voces sindicales consultadas por ABC reconocen que el problema no es tanto la figura de Barreiro —«podría ser salvable», dicen— como la insuficiencia de la oferta salarial de la Xunta : «No vamos a estigmatizar a una persona por el mero hecho de su nombre y de su cargo. No queremos personalizar este conflicto. Sería absurdo », reconoce una de ellas. Sobre todo, teniendo en cuenta que otros puntos de fricción se han despejado, como es el caso de la consolidación de empleo, la amortización de plazas o la sustitución de algunos funcionarios. «Llegaría un céntimo de cada 100 euros de los presupuestos de la Xunta», planteó Manuel Díaz, de UGT, en declaraciones a Europa Press. Aunque con poco éxito: la Xunta parece haber alcanzado un límite. «Una subida del 14% no puede ser admitida porque manejamos los impuestos de todos los ciudadanos», reiteró Rueda.

Sin nuevas reuniones a la vista, el comité de huelga entregó ayer un escrito para solicitar la mediación en las negociaciones del Consello Galego de Relacións Laborais. Según las fuentes sindicales consultadas, la directora de la institución, Verónica Martínez Barbero, fue hasta el momento «la única persona» capaz de «acercar posturas» entre las partes . Con todo, el Gobierno no contempla esa vía. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la circunscribió única y exclusivamente a los conflictos en la esfera privada.

Mientras, las jornadas de huelga hacen mella. Los sindicatos no pierden la esperanza de ver una pronta salida al enredo: «Esperemos que sí» , desean, pero al mismo tiempo reconocen que la factura de los paros les está saliendo cara. Cada día de huelga, pierden del orden de 60 y 80 euros diarios. «Más interesados que nosotros (en una solución), nadie está. Hay situaciones duras, la gente tiene familia», afirma una fuente de las negociaciones. Otra va incluso más allá: «Somos los que más perdemos. Este mes no cobraré nada, ni un duro» .

Todo sea por lograr unas reivindicaciones que encuentran un amplio respaldo en los partidos de la oposición. El portavoz de EnMarea, Luís Villares, reprodujo el argumentario del comité y planteó también el relevo del director xeral de Función Pública: «Tuvo la indecencia de mandar a la emigración a sus trabajadores si no estaban de acuerdo con su oferta». Por parte del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga asumió que Barreiro carece de la «credibilidad necesaria» para seguir pilotando las conversaciones y reclamó la intervención del Consello Galego de Relacións Laborais para abrir un nuevo intento de pacto. Ana Pontón, desde el BNG, tachó de «hooligan» a AlfonsoRueda» y acusó a la Xunta de actuar «con prepotencia» en un intento de «criminalizar» la huelga.

Los tres grupos registraron una petición conjunta para que comparezca en el Parlamento el vicepresidente del Gobierno gallego , a quien el PPdeG brinda todo su apoyo. Su portavoz en O Hórreo, Pedro Puy, precisó que el partido hace «votos» para que se encuentre por fin «un arreglo que sea satisfactorio».