Absueltos los tres funcionarios acusados de dar una paliza a un preso en Teixeiro

Los magistrados consideran probado en la sentencia que tuvieron lugar «al menos dos incidentes violentos» entre funcionarios del centro penitenciario y el interno, quien en uno de ellos sufrió la rotura de dos costillas y la pérdida del bazo. Sin embargo, argumentan que decretan la absolución de los tres imputados por el incidente más grave porque no se ha probado, «más allá de toda duda razonable», que las lesiones se las hubiesen causado estos funcionarios al agredirlo el día 26 de mayo de 2012, bien en el cuarto del educador, como sostiene la acusación pública, bien en el cuarto de cacheos del módulo de ingresos, como asegura la acusación particular.

«A la misma conclusión, de un pronunciamiento absolutorio, ha de llegarse con relación a los otros tres funcionarios acusados del incidente acaecido al día siguiente, el 27 de mayo de 2012», señalan los jueces. El denunciante declaró que cuando iba a ser trasladado al módulo de aislamiento se produjo un incidente por la firma de un documento, por lo que u no de los acusados le había propinado una bofetada y, tras introducirlo en el cuarto destinado a los cacheos, y mientras otros funcionarios (a los que no llegó a identificar en el acto del juicio) lo agredían y derribaban al suelo, el primero le pisó en la cabeza, causándole una herida en la frente.

Respecto a la absolución del interno, al que uno de los funcionarios acusaba de agredirlo, el tribunal argumenta que «lo cierto» es que «como consecuencia de algún incidente violento acaecido probablemente el día 26 de mayo de 2012, el interno sufrió un traumatismo que le ocasionó la fractura de dos costillas y la rotura del bazo». Así, los magistrados indican que «si estas lesiones hubieran sido causadas, hecho que no podemos estimar como acreditado, como consecuencia de una extralimitación, una agresión, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, la posible reacción violenta del interno no justificaría el reproche o sanción penal ».

La F iscalía pedía para cada uno de los funcionarios una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por delitos de lesiones, así como con 5.500 euros por los días de curación de las heridas y las secuelas. La petición de prisión para el recluso era de tres años por un delito de atentado y lesiones con la agravante de reincidencia.