La Fiscalía recurre el envío a Guinea de la causa por los españoles secuestrados que afecta a un hijo de Obiang

La causa investiga el secuestro de los nacionales españoles Feliciano Efa y Julio Obama, y los residentes en Bienvenido Ndong y Martin Obiang Ondo, y se sigue entre otros delitos, por terrorismo, desaparición forzosa y torturas. Los cuatro viajaron en noviembre de 2019 a Sudán del Sur para asistir a una reunión de opositores al régimen de Teodoro Obiang, pero acabaron trasladados en un contenedor a Malabo y de allí, a una prisión, condenados por un consejo de guerra. Julio Obama falleció en cautiverio.

La controversia sobre el asunto se remonta al pasado mes de septiembre, cuando el juez dictó una providencia rechazando, como le pedía la acusación que ejerce un grupo opositor, convertir las diligencias en un caso de sumario, que es la modalidad que se utiliza para investigar delitos con más de 9 años de prisión y que conlleva que la Sala de lo Penal tenga la competencia para decidir cuándo y como se acaba la investigación.

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Isabel Vega

Pedraz había resuelto enviar la causa a Guinea Ecuatorial, que informó al Juzgado de que había abierto su propia investigación

La acusación, con apoyo de la Fiscalía, recurrió aquella decisión, pero hasta el 8 de enero la Sección Segunda no resolvió la diatriba. Lo hizo corrigiendo al instructor: debía transformar la causa en un sumario. El problema es que el mismo 8 de enero Pedraz había firmado un auto renunciando a investigar esta causa. La enviaba a Guinea Ecuatorial porque sus autoridades informaron de que tenían abierta su propia investigación.

El fiscal entiende que si la causa era ya un sumario por orden de la Sala -interpreta que el auto tiene carácter retroactivo hasta septiembre, cuando se dictó la resolución que anula-, el juez no puede tomar esa decisión. «La resolución de la Sala coetánea en el tiempo al auto de cesión de jurisdicción constituye una modificación esencial en las competencias de la instrucción que por sí es suficiente para la estimación del presente recurso«, alega.

Considera en todo caso que España sí tiene competencias para investigar este asunto en tanto que las víctimas son nacionales y residentes en el país, igual que aprecia esenciales las diligencias que había pedido y le fueron rechazadas sobre presuntas vigilancias que se habrían practicado sobre ellos antes de que emprendieran el viaje, en suelo, por tanto, español.