La Fiscalía no es igual para un CDR o un jubilado
El Ministerio Público que pide amnistiar a secesionistas con explosivos solicitó 13 años de cárcel para un catalán de 65 que amenazó por WhatsApp con matar a Sánchez
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la amnistía para los 12 CDR a los que acusó de terrorismo
Manuel Murillo durante el juicio en la Audiencia Nacional
La Fiscalía pide la amnistía para doce miembros de los CDR que acumularon explosivos para cometer acciones violentas al hilo del 'procés'. Los dos fiscales que se han sucedido en esta causa de la Audiencia Nacional coincidían en que cometieron delitos que ... encajan como terrorismo, por lo que pedían para ellos hasta 27 años de cárcel.
Este jueves le tocaba a esa misma Fiscalía pronunciarse acerca de si la amnistía es aplicable en este caso, ya que los delitos de terrorismo han quedado fuera de esta ley. Y, siguiendo las directrices impuestas por el fiscal general, el Ministerio Público justificó su cambio de opinión -como diría Sánchez- con un argumento que se compadece mal con su propio criterio en otros casos similares y recientes en la misma Audiencia Nacional.
Admite ahora la Fiscalía que los atentados que pretendían esos CDR eran graves, pero que merecen la amnistía porque «no llegaron a producirse» y, por tanto, no causaron ningún daño personal, pese a que disponían de suficientes recursos y voluntad para hacerlo. Recordó la acusación popular que, si los CDR no provocaron estragos, fue porque las Fuerzas de Seguridad los detuvieron, lo que paradójicamente el Ministerio Público esgrime para amnistiarlos. Sobre los explosivos, dice la fiscal que «no podemos partir del potencial daño que se podía haber causado», sino que hay que quedarse con que no se usaron.
Justo lo contrario de lo que la misma Fiscalía hizo con Manuel Murillo, el jubilado catalán para el que empezó pidiendo hasta 18 años de cárcel, que luego rebajó a 13, por enviar varios mensajes de WhatsApp a un chat privado amenazando con organizar un atentado contra Pedro Sánchez. Fue condenado en 2022 a siete años y medio de prisión, pero la Fiscalía recurrió para que le añadieran otros 15 meses más. Y lo consiguió.
La sentencia reconocía que el plan de Murillo para matar nada menos que al presidente del Gobierno rayaba con lo «descabellado» y en consecuencia no era «creíble ni factible». De hecho, el tribunal admitía que no había ni esbozo de plan. Con todo, le impuso esa pena al egarense de 65 años porque guardaba en su casa de Tarrasa una veintena de armas, para la mayoría de las cuales tenía licencia como aficionado al tiro deportivo, pero no para otras que eran ilegales. Este jubilado no causó ningún daño y sus posibilidades de hacerlo -por número, organización, objetivo o afición a la bebida, como él mismo declaró en el juicio- no eran más que las de sus paisanos secesionistas. Más cárcel para Murillo, amnistía para los CDR.