La Audiencia Nacional eleva a casi 9 años la pena al 'francotirador' que propuso matar a Pedro Sánchez

La resolución, notificada este jueves, le condena por delitos de homicidio en grado de proposición y depósito de armas de guerra. El cambio se produce respecto del primer delito, por el que había sido condenado a dos años y medio en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. Ahora, se eleva la pena a tres años y nueve meses. Por las armas le cayeron cinco años, que se mantienen.

«Había un plan determinado, víctima concreta y petición de ayuda a terceros concretos para que le aportasen no tanto el acto de material de dar muerte, cuanto la información precisa de los movimientos del presidente del Gobierno para ejecutar lo decidido», dice la resolución.

En la sentencia, los magistrados estiman que, como decía la Fiscalía, se produjo una infracción legal a la hora de imponer las penas en el primer fallo, aunque el Ministerio Público pedía seis años y la Sala opta por el mínimo legal en atención a las circunstancias personales del acusado que, aunque no alcanzan a atenuar su responsabilidad criminal, deben atenderse a la hora de la concreta fijación de su pena. Se refiere al consumo de alcohol y tranquilizantes que alegó su defensa.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el acusado, «profundamente en desacuerdo» con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, publicó contenidos críticos y «expresó en distintos mensajes en ese foro de forma privada su intención de acabar con el presidente del Gobierno».

«Fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presiente del Gobierno, para lo cual se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo», recoge la sentencia. El problema, como se dio por probado ya en su día, es que contaba con medios: numerosas armas y munición, algunas de ellas modificadas.

Para la Sala de Apelación, «el plan para matar fue progresivamente reforzándose, siempre versó sobre el mismo objetivo de la persona del presidente del Gobierno y se buscó ayuda exterior». «Se pasó de la búsqueda de ayuda para un complot grupal a la toma individual de determinación de realizarlo personalmente», dice la sentencia. Al final, solo recabó pistas en los medios de comunicación para conocer los desplazamientos de Sánchez. Pero tenía «los medio para hacerlo» y era una persona «perfectamente preparada y entrenada por su profesión y aficiones».

La Sala de Apelaciones desestima el recurso del acusado por vulneración a la presunción de inocencia, error en la apreciación de la prueba, indebida aplicación de los preceptos de la proposición de homicidio de matar al presidente del Gobierno, depósito de armas de guerra y tenencia de armas de guerra, así como la falta de aplicación de las atenuantes de intoxicación etílica y dilaciones indebidas.

Destaca la Sala que en la sentencia de instancia ya explica de modo «prolijo y coherente» los indicios que hay contra él, así como el hecho de que estaba resuelto a «acabar con la vida del presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cuya agenda llegó a recibir pese a ser finalmente borrada por su remitente y los contactos en que lo proponía, describiendo cómo hacerlo».

Para la Sala, esto sumado a la pertenencia de armas «en correcto funcionamiento» y a que Murillo contaba con «habilidades y conocimientos» para utilizarlas, lleva a concluir que se trata de indicios «incompatibles con incapacidades» que le hagan inimputable. Las armas, estaban «manipuladas para el mejor acierto en el disparo». «Vamos a pegar una paliza a Sánchez para empezar», llegó a decir.

Los jueces subrayan la actitud homicida del acusado de signo creciente en el tiempo hasta el punto de alertar a quien le denunció ante la Policía por su determinación y descartan su tesis de que se debió a un desahogo o que respondía a «fantasías compartidas» fruto de la soledad unido a la ingesta de alcohol o de tranquilizantes. La sentencia inicial, que se respeta en este punto, descartó que fuesen atenuantes.

El fallo considera que el arsenal de armas ocupado en su poder, muchas de ellas modificadas a más letales, junto con la radicalidad ideológica que desprenden los escritos cuando aún no se había judicializado la causa, así como el entrenamiento en la galería de tiro que realizaba, refuerzan la tesis del redoblado peligro que denunció la acusación pública.