Fiscalía y Gobierno vasco confrontan sobre la semilibertad de etarras en un acto de la AVT

Desde que el Gobierno vasco (PNV-PSE) asumió esta competencia hace poco más de un año, ha concedido hasta 32 semilibertades o terceros grados a presos de ETA y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha recurrido 22, dos de cada tres. De estas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya ha revocado seis y ha confirmado cuatro. De estas últimas, la Fiscalía ha vuelto a recurrir todas menos una ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

De todo ello han debatido el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, encargado de recurrir la mayoría de esas semilibertades, y el asesor en la materia del Gobierno vasco, Jaime Tapia, exmagistrado y expresidente de la Audiencia Provincial de Álava.

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Uno de los requisitos que se exigen a los etarras para terminar de cumplir sus condenas en semilibertad es que colaboren con la Justicia para esclarecer los hasta 379 crímenes de ETA que siguen impunes y sin resolver. Bautista ha señalado de forma tajante que «en 17 años en la Audiencia Nacional no lo he visto nunca, salvo presos de la vía Nanclares. Ahora no lo veo».

También se ha referido a otro de los requisitos, como es la petición de perdón a las víctimas, para insistir en que «no puede descafeinarse con fórmulas generales» como las que utilizan los etarras para cumplir este trámite. «La cuestión simbólica tiene más importancia de lo que parece, a las víctimas lo único que les queda es que los asesinos les digan 'lo siento', eso permite descansar a esas víctimas», añade.

Sobre la colaboración de los etarras con la Justicia, Bautista ha explicado que «lo que nos encontramos ahora es un muro que una organización, se llame ahora como se llame, impone a los internos». Se refiere al entorno proetarra, que según este fiscal de la Audiencia Nacional traslada a los presos de ETA el mensaje de «quietos todos, no va a hacer falta dar un paso más porque os vamos a conseguir otra cosa».

Por eso Bautista incide en que «el principal obstáculo está en quien les dice a los presos que no den ese paso. No se les deja y, mientras eso siga así, no vamos a avanzar». Añade que muchos presos de ETA tampoco se deciden a colaborar con los tribunales por las «consecuencias ambientales», en alusión a posibles represalias del entorno proetarra y abertzale.

«Mientras los internos no sean libres, eso no va a suceder nunca», apostilla el fiscal Bautista, que ha querido dejar claro que esta es una cuestión «puramente jurídica, no política, la Fiscalía y los fiscales no estamos en una pelea contra ningún Gobierno».

Por su parte, el asesor en política penitenciara del Gobierno vasco no ha dudado en reconocer que «nosotros apostamos por los regímenes de semilibertad, con ello se consigue mayor índice de reinserción» de los presos, incluidos los de ETA, según Jaime Tapia. Asegura que esta es a tendencia por la que apuestan las instituciones europeas: «No es algo que nos hayamos inventado nosotros».

Tapia ha insistido en que las 32 semilibertades a etarras del Gobierno vasco durante el último año están avaladas por «informes rigurosos y profesionales» de las juntas de tratamiento de las cárceles. El asesor de Ejecutivo que preside el PNV también ha cuestionado la necesidad de que el perdón a las víctimas sea literal cuando, según Tapia, existen otras formas de acreditar el arrepentimiento.

Este cargo de la administración vasca advierte sobre la dificultad de concretar la colaboración con la Justicia, que a su entender puede colisionar con otros derechos constitucionales: «No se puede llegar a descubrir nunca si una persona sabe algo sobre ciertos delitos». En todo caso, defiende que el Gobierno de Urkullu está intentando aplicar los criterios de la Audiencia Nacional, aunque ésta ya le ha revocado media docena de semilibertades a etarras y la Fiscalía le ha recurrido otra 15.

Sobre la influencia y presión del entorno proetarra o abertzale a los presos de ETA para que no colaboren con la Justicia, Tapia asegura que al Gobierno vasco no le constan: «No hemos descubierto que haya una organización que les dé unas instrucciones o directivas» a los miembros de la banda.

El consejero de la AVT, Miguel Ángel Folguera, ha reconocido y agradecido que, incluso desde la discrepancia, el Ejecutivo nacionalista haya participado en estas jornadas con el propio Tapia y el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez. No así el Gobierno central, que también estaba invitado y no ha mandado a ningún representante.

La presidenta la AVT, Maite Araluce, ha lamentado que «en estos momentos parece que lo que más importa son los derechos de los asesinos, la sensación que tenemos es que nos han vuelto a ganar». Araluce ha reiterado que «Justicia también es que los asesinos cumplan sus penas íntegras».

Esta asociación de víctimas del terrorismo, la más antigua del mundo, ha realizado a primer hora una ofrenda floral y un minuto de silencio en la Plaza de España de Vitoria, al que se ha sumado el alcalde de esta capital, Gorka Urtaran (PNV).