El Gobierno Vasco abre la puerta a conceder la semilibertad a 'Fiti' por motivos humanitarios

De regreso en la cárcel de Martutene, su situación sin embargo es distinta a la de los otros cinco que han debido retomar la vida entre rejas: Aitor Esnaola, Mikel San Argimiro, Iñaki Bilbao Gaubeka, Gorka Martínez y Xabier Atristain. Para Fiti, según la consejera de Justicia Políticas Sociales e Igualdad del País Vasco, Beatriz Artolazabal, todavía puede haber otra oportunidad. Una excarcelación por motivos humanitarios.

Arregi tiene quince muertos en su haber. Entre ellos, los niños asesinados en el brutal atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza que perpetró en 1987. Suma 743 años de cárcel de condenas por sus actividades terroristas, aunque el cumplimiento efectivo vence en el año 2026. En 2019 cruzó el umbral de los tres cuartos de la pena. Fue progresado al tercer grado, un régimen de semilibertad, al considerar la Administración vasca que cumplía los requisitos: arrepentimiento, desvinculación de ETA y pago de las responsabilidades civiles.

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El juez de Vigilancia discrepa, como el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista. Ni el arrepentimiento es veraz, ni está saldando de manera suficiente las responsabilidades contraídas con las víctimas de sus crímenes y tampoco ha seguido el camino disfrutando de permisos. Pero tiene 76 años de edad.

En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Artolazabal no ha querido entrar a «valorar» las decisiones judiciales, aunque sí se ha referido al auto que ordenaba su vuelta a la cárcel. «Aunque el auto, en una primera parte, de la Audiencia Nacional que revoca la decisión que adoptó el Gobierno vasco, en la segunda sugiere otorgarle el tercer grado por el artículo 114.4 del reglamento penitenciario», ha asegurado.

Se trata del precepto relativo a las salidas programadas de prisión, pero la consejera lo utilizó como parte de su argumentación al recordar que cuando la Junta de Tratamiento de Martutene propuso el tercer grado lo hizo considerando también «el aspecto humanitario».

El precepto del Reglamento General Penitenciario que regula ese tipo de excarcelaciones es el 104. Exige un padecimiento muy grave o incurable que debe certificar un médico, no sólo la edad avanzada. En cualquier caso es una decisión que ahora depende de la Administración vasca y que de nuevo, podría recurrir la Fiscalía de la Audiencia Nacional. No es un automatismo.

Durante su exposición, la consejera ha reiterado que las decisiones sobre los presos se adoptan en virtud de criterios «técnicos» y se comprometió a «seguir trabajando» para conseguir «expedientes mejor argumentados» de cara a la Audiencia Nacional.

Según ha detallado, desde que en octubre del año pasado asumieron las competencias sobre Prisiones, se han concedido de 32 progresiones de grado a reos de ETA de los que 12 han sido confirmados y seis revocados por la Audiencia Nacional. Además, hay 14 expedientes pendientes de una resolución judicial: seis recurridos y ocho en plazo de que la Fiscalía lo haga. «Estamos a la espera», añadió.

De nuevo ha repetido los mismos argumentos que viene esgrimiendo el Ejecutivo vasco desde que se han puesto en duda algunas de sus decisiones en lo que se refiere a los presos de ETA. Ha asegurado que todas las progresiones de grado se conceden atendiendo a criterios «técnicos» y se ha comprometido en «seguir trabajando» en aras conseguir «expedientes mejor argumentados» que obtengan una menor oposición en la Audiencia Nacional.