La Fiscalía confirma que la etarra Majarenas está inhabilitada y avisa a la Junta Electoral

Es la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la denuncia presentada por Dignidad y Justicia sobre la situación de Majarenas, que integró el Comando Levante de ETA y fue detenida en 2005 en una pensión. Ingresó en la cárcel el 17 de febrero de aquel año y salió de la misma el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad.

Conforme decía la denuncia, fue condenada a «inhabilitación absoluta por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas» impuestas, por lo que «habiendo salido de prisión el 6 de abril de 2018» todavía no está «extinguida dicha pena principal de inhabilitación absoluta». Según sus cálculos, estaría inhabilitada hasta 2028, cosa que confirman en fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional: esa pena vence el 6 de abril de 2028.

En un comunicado, la Fiscalía explica que ha recibido una providencia dictada en ejecutoria por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que «se pone en conocimiento que se va a efectuar la práctica de la liquidación de la condena de inhabilitación absoluta que le fue impuesta en sentencia firme».

«Ante dicha circunstancia, de la que tenemos conocimiento en el día de hoy, se ha procedido por parte de la Fiscalía del Audiencia Nacional a dar cuenta de ello a la Junta Electoral de Zona, a través de la Fiscalía correspondiente», añade en la nota.

Se da la circunstancia de que hace unos días la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional y a instancias de Dignidad y Justicia, estudió la situación de 43 candidatos a las elecciones del próximo domingo que poblaban las listas de EH Bildu teniendo condenas por pertenencia a la banda terrorista ETA. Entre ellos, había siete con delitos de sangre en su haber.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descartó, tras recabar la hoja penal de los mencionados en la denuncia, que se diesen indicios de ningún ilícito penal. Para Dignidad y Justicia, el problema estriba en que al menos hasta 2015, el servicio de ejecutorias no incluía la liquidación de las condenas accesorias de inhabilitación, de manera que en esa documentación no podía comprobarse.

De ahí que esta vez, la denuncia la dirigiesen al propio servicio de ejecutorias a fin de que revisasen sin Majarenas tenía o no cumplida esa parte de la pena. Y el resultado es que no se ha liquidado, es decir, no ha cumplido aún la pena de inhabilitación. No podría así ser candidata, porque está formalmente incursa en una de las causas de inelegibilidad que prevé la Ley de Régimen Electoral General: una sentencia firme.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «tal circunstancia no desvirtúa la decisión tomada» cuando el pasado 17 de mayo decidieron archivar la denuncia presentada por Dignidad y Justicia tras llegar a la conclusión de que los hechos no constituyen una infracción penal y que «compete a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas presentadas».