Dignidad y Justicia denuncia que una candidata de Bildu condenada por terrorismo sigue inhabilitada

En el escrito al que tuvo acceso ABC, la organización recuerda que Majarenas ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y salió de la misma el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad. Sin embargo, recuerda que en la sentencia se le imponía, además, una condena de «inhabilitación absoluta por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas» impuestas. Por lo tanto, entienden que «habiendo salido de prisión el 9 de abril de 2018» todavía no está «extinguida dicha pena principal de inhabilitación absoluta». Según sus cálculos, estaría por tanto inhabilitada hasta abril de 2028.

Recuerdan que según la LOREG son «inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». Una circunstancia, que aseguran, se da en el caso de Majarenas.

Dignidad y Justicia ya denunció ante la Audiencia Nacional la concurrencia de 43 condenados por pertenencia a ETA en las listas de EH Bildu a las elecciones del próximo domingo pero la Fiscalía descartó indicios de delito tras recabar las hojas histórico penales de cada una de las personas a que se referían. «Del examen de esta documentación no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontramos ante un supuesto de inelegibilidad», decía la respuesta de los fiscales.

Sin embargo, para la asociación de víctimas el problema no está en esa hoja histórico penal, sino en las liquidaciones de las condenas por inhabilitación que realiza el servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, porque según aseguran, hasta el año 2015 no se reflejaba en ella la extinción de estas penas accesorias.

Citan expresamente el caso de Iker Casanova, hasta ahora parlamentario autonómico de EH Bildu en el País Vasco y candidato a diputado general en Vizcaya. En año 2015, cuando fue elegido en las elecciones autonómicas, esta misma organización denunció que sobre él pesaba una condena de inhabilitación. Sin embargo, la Fiscalía se pronunció permitiéndole continuar con su labor parlamentaria porque en la sentencia no se detallaban cuales eran los empleos y cargos públicos concretos a los que afectaba la inhabilitación, y eso, argumentó, le dejaba sin margen para actuar.

Desde Dignidad y Justicia, no obstante, insisten en que en el caso concreto de Majarenas basta con contrastar el tiempo de cumplimiento en prisión con la sentencia firme: «Habiendo extinguido definitivamente su pena de prisión por pertenencia a organización terrorista, falsedad documental y tenencia ilícita de armas con fines terroristas, el 9 de abril de 2018, y, teniendo impuesta una pena principal de inhabilitación absoluta por tiempo superior en diez años a la las penas de prisión impuestas, no tiene extinguida su pena de inhabilitación absoluta, la cual se extendería hasta el año 2028».

Por todo ello, consideran que incurre una causa de inelegibilidad entre las previstas en la Ley Electoral. En consecuencia, requieren «con carácter urgente» que el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional exponga la liquidación de su condena para poder acreditarlo de manera que la Junta Electoral Central. También se dirigen a ésta última para que anule in extremis su candidatura.

Sara Majarenas fue integrante del Comando Levante de ETA y tuvo una hija estando en la cárcel de Picassent, en Valencia. Cuando la menor tenía poco más de dos años, la expareja de la madre, que tenía a la niña a su cargo, la atacó brutalmente con un cuchillo. Fue condenado a 28 años de cárcel por asesinato en grado de tentativa.