Los fiscales del Supremo ven a Puigdemont como «líder absoluto» de Tsunami e insisten en que hubo terrorismo

Consideran que el expresidente catalán «hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico» retirando su «apoyo carismático», pero «lejos de eso, animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento».

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Los firmantes defienden que de la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón «se desprende la existencia de una pluralidad de ilícitos penales cometidos por el movimiento 'Tsunami Democràtic'», en concreto detenciones ilegales terroristas en el aeropuerto del Prat, lesiones de especial gravedad, delitos o falsificaciones masivas y graves daños patrimoniales. Además, recuerdan que a raíz de la reforma penal de 2015, los delitos de terrorismo pueden ser cometidos, en todos los casos, por personas de forma individual o colectiva aunque no estén integradas en organizaciones o grupos terroristas "siempre que persigan alguna de las finalidades establecidas por el art. 573.1 del Código", (subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado o alterar gravemente la paz pública, entre otros).

Para los fiscales, la finalidad de las actuaciones de Tsunami «no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes». Por ello, las conductas descritas pueden considerarse, «al menos en este momento procesal», dicen, como delitos de terrorismo».

Sobre la participación concreta de Puigdemont, el informe de Cadena insiste en que «desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones». Todas las actuaciones de la plataforma independentista estuvieron «orientadas, aprobadas y favorecidas-dicen- por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont».

Entre los indicios que hay contra el prófugo, los fiscales destacan el hecho de que "desde el principio" Puigdemont estuviera informado de la constitución de Tsunami, como acredita el pantallazo captado al investigado Alay, que decía lo siguiente "...grupo de coordinación de Tsunami Democràtic tiene dudas sobre la fecha de su lanzamiento como movimiento en redes sociales, barajando el 26 de agosto con los apoyos que tenían en el momento, o el 30 de agosto, tras una reunión en Ginebra (Suiza), con el riesgo de que sea vetado. Pide por ello, trasladar la duda al President...". 

 Además, recuerda el informe, Puigdemont está presente en las reuniones del 30 y 31 de agosto de 2019 en Ginebra, que coinciden "con la aparición pública de Tsunami y una campaña mediática, apoyada por diversos sectores del independentismo y con el apoyo del Govern". Tanto Puigdemont como Junqueras o Torra "intervienen con la finalidad de promocionar y dar a conocer públicamente esta nueva estructura, coadyuvando no sólo a su notoriedad, sino a que fuera el medio elegido para vehicular las movilizaciones, que se pretendían organizar como respuesta a la Sentencia del Tribunal Supremo".

Otro de los indicios relevantes de los que se hacen eco los fiscales es la cnversación que mantiene el investigado Josep Campmajó en la que "se hace alusión directa a la plataforma Tsunami como herramienta para la consecución de la independencia". Ante las dificultades que le plantea Campmajó para que siga actuando Tsunami, "habiendo ocurrido ya las acciones del aeropuerto de Barcelona, Puigdemont le expresa que la opinión generalizada en la prensa europea es una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas, y que los disturbios ocurridos son importantes pero que no se alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta, de tal manera que el problema solo podría venir si hubiera algún muerto de cualquier bando, pues eso sería muy duro y confirmaría lo que siempre había dicho y le llevó al exilio: perderemos".

Esta pluralidad de indicios lleva a los fiscales a concluir que Puigdemont ostentaba "el liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas del actuar típico, de tal manera que hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico y el recorrido del iter criminis retirando su apoyo carismático, pero lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento".