Los fiscales del 'procés' piden al juez que libre una nueva orden de detención contra el prófugo Lluis Puig

En un escrito al que ha tenido acceso ABC, la Fiscalía recuerda que según señaló el propio juez en su nuevo auto de procesamiento del pasado enero (tras la reforma penal de la sedición), como consejero de Cultura Puig «podía haber asumido una de las cinco partes en que se fraccionó el pago del encargo que se hizo a la empresa Unipost para que abordara el reparto de las notificaciones de los nombramientos de integrantes de mesas electorales (del 1-O), así como las notificaciones de la mesa en las que podía votar cada uno de los integrantes del censo». Los hechos constitutivos de malversación a los que es aplicable el artículo 432 del Código Penal llevan aparejadas penas de prisión de entre 6 y 12 años, recuerdan los fiscales.

En ese mismo auto de enero, Llarena acordó dejar sin efecto provisionalmente las órdenes europeas e internacionales de detención acordadas en esta causa contra Lluis Puig, aunque se mantenían las nacionales, hasta que se procediera a su nueva emisión, momento que, a juicio de la Fiscalía, ya ha llegado sin necesidad de esperar a lo que decida la justicia europea en firme sobre la inmunidad de Puigdemont y Comin.

Se da la circunstancia de que la euroorden contra Puig es la única que llegó a ser tramitada por Bélgica, que rechazó la entrega cuestionando que sus derechos no iban a ser respetados en España y que el Tribunal Supremo no era competente para juzgarle. Esta fue precisamente la base de la cuestión prejudicial que cursó Llarena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emplazándole a pronunciarse sobre el principio de cooperación judicial, pilar de la euroorden. El Tribunal de Luxemburgo estableció que no se pueden denegar las entregas si no existen "deficiencias sistémicas o generalizadas" en el país que cursa la reclamación, lo que no parece ser el caso de España.

Como recuerda la Fiscalía en su escrito, el TJUE no se opone a la emisión de varias órdenes de detención europeas sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro después de que la ejecución de una primera orden de detención europea dirigida contra esa persona haya sido denegada por dicho Estado miembro", siempre que la ejecución de una nueva orden de detención europea tenga un carácter proporcionado.