Ferraz teme que Bildu y Junts exijan a Sánchez el apoyo del PSOE en el País Vasco y Cataluña

Los socialistas aspiran a reeditar la coalición con el PNV en Vitoria y a que ERC permita a Illa gobernar en solitario

Los letrados del Senado denuncian la inconstitucionalidad de la amnistía porque «dinamita» la primacía de la Constitución

La Ejecutiva del PSOE, reunida este lunes EFE

El billar a tres bandas es una modalidad de suma precisión, pero a cuatro bandas, como pretende hacer Pedro Sánchez desde que el inesperado resultado del 23 de julio de 2023 le permitió revalidar su mandato, mucho más.

Armonizar las alianzas parlamentarias con ... la derecha nacionalista vasca del PNV y la izquierda separatista del antiguo brazo político de ETA, Bildu, por un lado, y las que se mantienen con la izquierda (ERC) y la derecha (Junts per Catalunya) del independentismo catalán es una tarea inédita hasta ahora (los de Carles Puigdemont estuvieron abiertamente enfrentados a Sánchez la anterior legislatura, en la que no le votaron ni una sola de sus leyes clave), muy compleja y de enorme riesgo.

Es cierto que a todos les une el rechazo a Vox, del que no en vano se hablado siempre como 'pegamento' de la coalición Frankenstein, en sus sucesivas ediciones, y la pretensión de avanzar en la llamada «España plurinacional», que pretende rebasar el marco de la Constitución de 1978 y del sistema autonómico desarrollado con posterioridad, que a los nacionalistas les parece claramente insuficiente.

Pero las convergencias profundas parecen terminar ahí. A lo que se añade el endiablado maratón electoral que arrancará definitivamente, si no lo ha hecho ya, después de Semana Santa. El 21 de abril en el País Vasco y apenas un mes después, el 12 de mayo, en Cataluña, los cuatro aliados principales de la coalición de PSOE y Sumar se juegan mucho, muchísimo, y según se den los resultados eso puede provocar quebraderos de cabeza no menores en la sala de máquinas de Moncloa y de Ferraz, que tanto monta.

Otegi y Puigdemont

El temor más extendido que trasladan varios dirigentes socialistas consultados es el de que unos buenos resultados de Bildu, que ya ganó las generales en las provincias vascas, en la primera de las citas, y de Junts en las segundas lleve a Arnaldo Otegi y a Carles Puigdemont a exigir a Sánchez el apoyo respectivo del PSE y el PSC para seguir remando a favor en Madrid. La legislatura está de momento en 'stand by' ante la decisión del jefe del Ejecutivo de suspender la negociación presupuestaria que ya se había iniciado, prorrogando un año más las Cuentas Públicas. Pero cuando se reanude esa negociación, y entretanto para cualquier tipo de actividad legislativa, incluida la aprobación de decretos, no sobra ni un voto.

Las cuentas de la lechera que se hacen los socialistas pasan por poder solventar el primer trámite manteniendo la coalición PNV-PSE que actualmente habita en el Palacio de Ajuria Enea, aunque tras la retirada de Iñigo Urkullu, con su sucesor, Imanol Pradales. O dicho con otras palabras, sostener al PNV como socio principal, con el que no en vano se gobierna también en otras instituciones importantes, como el Ayuntamiento de Vitoria.

El líder y candidato de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se ha comprometido en público a no pactar con Bildu, urgido a pronunciarse después de que a finales del año pasado se consumase el golpe de mano en el Ayuntamiento de Pamplona, donde el Partido Socialista de Navarra (PSN) entregó el bastón de mando de nuevo a Joseba Asirón, de Bildu, tras haber permitido en mayo que lo tuviese Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), justo cuando el 23J estaba en el horizonte y la cercanía a los de Arnaldo Otegi no parecía el mejor cartel electoral de presentación. La capital navarra y Vitoria están a apenas una hora en coche, pero Ferraz acepta pactar con los herederos de Batasuna (que a su vez permiten la presidencia foral de la socialista María Chivite) en el primero de los lugares, mientras que les veta en el segundo. Aunque esto último también lo hizo Sánchez hace años, antes de terminar gobernando con su apoyo, como ahora.

La situación es muy distinta en Cataluña, donde los socialistas parten de una renovada posición de fuerza, que comenzó a gestarse con la victoria de Salvador Illa en las autonómicas de 2021 -la primera del PSC sobre el nacionalismo en unos comicios regionales en toda la historia- y se consolidó en un triunfal 2023, donde los socialistas catalanes recuperaron la alcaldía de Barcelona, con el apoyo imprescindible del PP, y arrasaron en las generales, logrando más escaños que la suma de ERC y Junts.

Fuentes de la cúpula socialista creen que el resultado del 12M puede suponer un jarro de agua fría para Puigdemont y trasladan su impresión de que si Junts queda por delante de ERC les exigirá a los republicanos su apoyo, mientras que si es la inversa no sucederá igual. Es decir, que los de Pere Aragonès estarían dispuestos a colaborar con el PSC, con el que no en vano pactaron los presupuestos autonómicos que a la postre tumbaron los comunes. Aunque los socialistas están incluso convencidos de que Salvador Illa podría presidir la Generalitat en solitario, igual que ha hecho ahora Aragonès con el apoyo de los socialistas.

Pero incluso si ese favorable escenario se diera las cosas podrían complicarse igualmente a nivel nacional. La pregunta de qué beneficio o incentivo tendría entonces Junts, solventada ya la exigencia de la amnistía, para seguir echando leña a la caldera de un Gobierno de coalición de izquierdas, a cuyo partido principal estarían haciendo oposición en Cataluña, parece contestarse con bastante facilidad: ninguno.

En realidad, y más allá de la coyuntura de los próximos meses, sin duda enrevesada, la relación con Bildu y Junts es uno de los desafíos en el futuro inmediato para el PSOE. Con los primeros se trata de guardar las distancias, pero eso parece inviable a largo plazo. Y con los segundos, en el partido se admite que la connivencia con Puigdemont levanta ampollas en buena parte de la militancia y los cuadros, más allá de las consabidas voces críticas como las del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Y se recela de un espacio, el neoconvergente, que parece aún por definir.

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