La juez de Badajoz pone a Gallardo en manos del TSJ extremeño, pero califica su «maniobra» de «fraude de ley»

Beatriz Biedma advierte en su razonamiento ante el Tribunal Superior de que la actuación de Gallardo, quien pudo entrar en la lista de diputados de la Asamblea extremeña gracias a la renuncia de una diputada que fue su jefa de Gabinete justo en el momento de la confirmación de su procesamiento y de que la causa se enviase a juicio, puede constituir un «fraude de ley».

La instructora, que procesó a Gallardo por tráfico de influencias y prevaricación, igual que a David Sánchez, y dictó el auto de apertura de juicio oral contra ambos el pasado 22 de mayo, califica los hechos de «maniobra» y contrarios a lo que se prevé para los aforamientos de parlamentarios.

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Carmen Lucas-Torres

Una vez recibida la documentación que solicitó a la Junta Electoral de Extremadura, la juez considera en la exposición razonada «significativo» cómo se desarrollaron los hechos para que Gallardo consiguiera su acta de diputado y destaca la «celeridad» con que se produjo todo.

Repasa que «el 19 de mayo, un notario se constituyó, previo requerimiento, en la sede regional del Partido Socialista Español en Extremadura, sita en Mérida, con la única finalidad de que los candidatos que ocupaban los números 19, 20, 21 y 22, renunciaran expresamente a ser proclamados diputados electos de la Asamblea de Extremadura«.

«Ello comporta que los cuatro candidatos referidos, -tres de los cuales no tienen su domicilio en Mérida según las actas notariales-, fueron convocados expresamente con tal finalidad y con la antelación necesaria, lo que denota un plan previamente concebido y organizado», continúa.

«Continuando con la celeridad -sigue la juez- justo al día siguiente, el 20 de mayo, Mª de la Cruz Rodríguez Vegazo, presenta ante la Letrada Mayor y Secretaria General de la Asamblea de Extremadura, su renuncia a la condición de diputada».

Y, por último, el día 21 de mayo, «la presidenta de la Junta Electoral de Extremadura expide la credencial expresiva de que había sido designado diputado de la Asamblea, por la circunscripción electoral de Badajoz, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PSOE a las elecciones autonómicas de 28 de mayo de 2023, tras la renuncia de Dª Mª de la Cruz Rodríguez Vegazo».

Beatriz Biedma concluye: «La anterior maniobra, considera esta instructora, sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que 'los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'. Como ya se ha destacado anteriormente, las prerrogativas inherentes al cargo público, como el aforamiento, fueron concebidas para proteger las funciones de ese cargo público, no a la persona que lo ostenta, no siendo admisible que en un Estado Democrático se utilicen las instituciones públicas y los privilegios que de ellas derivan para fines propiamente personales».

Así, la juez deja en manos del Tribunal Superior extremeño el juicio contra el diputado, pero advierte de que su actuación para conseguir el aforamiento y que, precisamente, le juzgue este tribunal y no la Audiencia Provincial, que ha respaldado todas las decisiones de la juez en esta causa, puede constitutir un fraude de ley.

Las acusaciones populares que instaron la apertura de esta investigación que ya está a punto de llegar a juicio creen que el aforamiento de Gallardo obligaría a la celebración de dos juicios, uno contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y otro en la Audiencia Provincial contra David Sánchez y el resto de responsables de la Diputación de Badajoz procesados.