España destina 890.000 euros para mejorar la llegada de inmigrantes desde América Latina

Se trata del primer compromiso adquirido por la ministra del ramo, Elma Saiz, durante su viaje de tres días a Washington (Estados Unidos), cuyo objetivo es marcar unas directrices para evaluar la demanda laboral y la escasez de mano de obra en España, así como asistencia técnica y formación orientada a hacer más eficientes las rutas migratorias. El desembolso parte del Fondo Español para Latinoamérica y el Caribe (SFLAC) y es un primer paso hacia una alianza entre España y América Latina de la que son pioneros estos tres países.

Esto, según explican desde el ministerio, se debe a la «importante diáspora» que hay en nuestro país de ciudadanos de estos territorios. Y es que, de acuerdo con los datos sobre población extranjera del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España vivían en 2022 —su última actualización— 69.399 dominicanos, 314.679 colombianos y 119.885 ecuatorianos. De ellos, Colombia es uno de los países que más aporta al total de la afiliación, con 180.000 trabajadores. Ecuador, por su parte, ronda los 71.000 y República Dominicana los 30.000, con datos de la afiliación de marzo.

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«España acaba de superar la barrera psicológica e histórica de los 21 millones de afiliados, algo que habría sido imposible sin los trabajadores extranjeros, que suponen el 13%, casi 2,8 millones», expresó Saiz, a lo que añadió que sería necesario incorporar entre «200.000 y 250.000 migrantes a nuestro mercado laboral» al año de aquí a 2050 para mantener nuestro Estado del Bienestar.

El Banco Mundial, que está organizando las reuniones de primavera (Spring meeting) en las que participa la ministra, también ha defendido una fórmula que, pese a ser pionera en el caso español, ya estaría funcionando en otros países. Esta, a grandes rasgos, consiste en que sea el país de destino (España en este caso) proporcione tecnología y financiación para formar personas en el país de origen (Ecuador, Colombia y República Dominicana) con habilidades demandadas en ambos. Después las personas, ya formadas y con certificados, pueden elegir entre permanecer en su país o migrar de forma legal y segura para trabajar en el país de destino.

«La inversión se recupera mediante los beneficios que aportan las personas migrantes para satisfacer las demandas en sectores clave de nuestra economía, como la atención médica, el cuidado de personas mayores, el transporte y la construcción», ha recalcado la ministra.

Esta absorción de la inmigración de forma regulada contrasta con el momento que vive nuestro país al respecto de las entradas ilegales. En los cuatro primeros meses del año, estas han experimentado un aumento cercano al 400%, según las cifras del ministerio del Interior. Con la presión centrada, sobre todo, en las Islas Canarias.

Una cuestión que preocupa y ocupa al Ejecutivo, que este fin de semana tiene una reunión del MED5 (grupo de países europeos con frontera en el Mediterráneo) en Gran Canaria, a la que asistirá, además de la ministra de Migraciones, el titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En ella, tratarán la aplicación del pacto migratorio recientemente aprobado por el Parlamento Europeo y que, a falta de concretarse, establece una tasa de 20.000 euros por cada persona que rechace un país miembro de la Unión Europea receptor de la inmigración irregular.