Los empresarios de los Pujol tachan de «surrealista» la acusación contra ellos y dicen ser víctimas de una causa prospectiva

Jordi Pujol Soley, el president que lideró Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), habría aprovechado su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual tanto él como determinados empresarios afines al partido se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos. Y el patrimonio ilícitamente obtenido habría sido ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.

Con esta base, en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra los Pujol, este martes, las defensas de los empresarios encausados han expuesto ante el tribunal sus cuestiones previas que, en resumidas cuentas ha consistido en negar la mayor. Así, han atacado el escrito de acusación tanto de Fiscalía como de Abogacía del Estado subrayando que se ha vulnerado su derecho de defensa porque hay una «inconcreción» flagrante de los hechos que se les imputan y por tanto no se pueden defender con garantías.

Los letrados han denunciado ante el tribunal extremos tales como que a determinados acusados no se les citara como investigados en la instrucción, o que a lo largo de las más de 200 páginas del escrito del Ministerio Público solo se mencione a uno de ellos en dos párrafos y para no explicar el delito cometido.

Han lamentado, asimismo, que tampoco se especifique por qué se iban a servir del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para hacerse con contratos públicos y, de hecho, uno de ellos ha destacado que ni siquiera llegó nunca a obtener contratos de la administración catalana o española. Han apostillado además que los trabajos firmados fueron efectivamente realizados y abonados de forma legal.

Este miércoles también ha tomado la palabra el letrado Pau Roca, que lleva la defensa de hasta cuatro de los Pujol (Mireia, Marta, Oleguer y Pere), quien ha sostenido que el origen de la fortuna familiar era lícito dado que provenía de la herencia del abuelo, Florenci Pujol. Ha blandido para ello un libro sobre Banca Catalana y un número del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En varias ocasiones, como en el caso del empresario Alejandro Guerrero, los letrados de los empresarios también se han referido al hecho de que las actuaciones por las que está en la causa tuvieron lugar hasta siete años antes de que fuera llamado como imputado, por lo que hay prescripciones que deben operar y debe acordar el tribunal.

Con todo, la sesión de este martes se ha ido haciendo 'bola' para el tribunal por momentos, y el presidente José Ricardo de Prada ha tenido que solicitar a las defensas en varias ocasiones que no entraran en cuestiones de fondo y evitaran ser reiterativos.

Una de las exposiciones esperadas ha sido la de la defensa del empresario Luis Delso Heras -de la empresa Isolux Corsán-, que dirige el abogado José Antonio Choclán (abogado entre otros del comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama). Ante el tribunal, tras insistir por enésima vez en que se da una indeterminación en los escritos de acusación de la causa, algo que vulnera los derechos de los encausados, ha matizado que la Fiscalía habla de facturas simuladas pero luego no incorpora relato fáctico contra el empresario que sostenga que el delito de falsedad documental fue el medio para el delito fin, el de blanqueo de capitales.

Por otro lado, ha apostillado que no llega a entender por qué se le achaca al empresario que representa colaborar en el blanqueo: «¿Cómo se puede blanquear pagando?». Cabe recordar que el comportamiento que se le imputa es pagar facturas simuladas al clan familiar para recibir a cambio favores de los Pujol en forma de contratación pública. A su juicio, se da un «despiste generalizado» de las defensas por esa inconcreción de las acusaciones a la hora de fijar que hechos se les imputan.

El letrado del empresario Carlos Sumarroca ha planteado por su parte que lo sostenido en el escrito de acusación del fiscal es «surrealista» porque viene mantener que «las facturas pagadas por los empresarios se corresponden con fondos de los que disponían los Pujol en cuentas de Andorra y que entraban en España con la ayuda de los empresarios».

Además, ha puesto el foco en que las facturas supuestamente falsas se celebraron cuando los Pujol ya no estaban en el poder, por lo que no se explica a cambio de qué favores políticos podían se realizaban. Y ha acusado al Ministerio Público de «marcarse un triple» en el escrito porque sostiene que habría un supuesto hecho de corrupción relativo a un parque eólico, algo que ha negado tajantemente para después advertir que en el derecho no caben las investigaciones prospectivas y por tanto la investigación debe declararse nula.

Después de que el último de los abogados concluyera con su exposición, el tribunal ha acordado dejar ya para el miércoles la respuesta de Fiscalía y de la Abogacía del Estado a todas las alegaciones formuladas por las defensas. Previsiblemente, será entonces cuando los magistrados decidan sobre cada una de las cuestiones planteadas, aunque también puede ocurrir a que dejen su decisión para la sentencia.