Los economistas avalan el plan energético del PP: Que la gente ahorre es la mayor emergencia

«Estas propuestas para un pacto energético que proteja a familias y empresas para la recuperación de la economía de España se ofrecen a la sociedad española con la sincera voluntad de colaborar en buscar soluciones que nos permitan superar cuanto antes una crisis económica que se agrava día a día, con la inflación como multiplicador de todas las dificultades. El objetivo es, y debe ser, la recuperación social y económica de nuestro país acompañado de nuestros objetivos hacia una economía descarbonizada y respetuosa con el medio ambiente», rezan las conclusiones del documento enviado por los populares a La Moncloa. Una tesis que nadie discute y que se desarrolla a través de 46 páginas.

Entre las medidas más aplaudidas por los economistas están las relacionadas con el ahorro energético, teniendo en cuenta que aunque a la economía española no le vaya a faltar gas, será carísimo, como vaticina Enrique Parra, profesor de Economía de la Energía de la Universidad de Alcalá. La propuesta del PP pasa por «incentivar el ahorro energético a través de un sistema de bonificaciones progresivas para hogares y empresas»; se trata de que cuanto más ahorres en luz y gas, más descuento recibirás en la factura.

«Premiar el ahorro siempre es positivo. Conseguir que la población ahorre es la emergencia fundamental en esta crisis energética, especialmente en el consumo de gas», afirma Parra. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), sigue esa misma tesis y aplaude la medida de los populares de apostar por «la eficiencia energética». «El fomento de la eficiencia energética va en la línea adecuada, es un paso adecuado. Poner el foco en que los consumidores sean más eficientes es un cambio de enfoque respecto a lo actualmente planteado que sería muy positivo. Y es realista en tanto que propone reenfocar el uso de recursos públicos hacia las familias y empresas», afirma este último experto.

Diego Rodríguez, catedrático de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la UCM y economista de Fedea, también considera que tiene «lógica económica» la medida del ahorro, pero que antes habría que hacer cálculos, ver los costes de la medida y posibles problemas de equidad.

Respecto a simplificar los impuestos a la electricidad, y ampliar las rebajas fiscales de IVA a luz y gas, Izquierdo avala la idea planteada por los populares, aunque reconoce que se trata de una medida de implantación compleja. «Sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de electricidad por un impuesto que internalice los daños ambientales, siempre respetando los marcos de armonización fiscal de la Unión Europea», detalla el documento de las propuestas, frente a lo cual también Diego Rodríguez muestra sus reticencias sobre una posible implantación.

Con respecto a reducir o suspender los derechos de emisión de CO2, Enrique Parra destaca que se trata de un reconocimiento de que es necesario detener en estos momentos la transición energética, ya que ese es un coste que se implantó para fomentar las renovables y desincentivar la emisión de CO2. Aun así, este último economista celebra que se quiera también reducir la burocracia y las trabas legales en el impulso a las renovables: «Hay que quitar burocracia porque los permisos están tardando muchísimo; pasan años desde que se plantea un proyecto hasta que se lleva a cabo».

Las medidas del PP también van en línea europea. Los populares en múltiples propuestas necesitarían un aval o un consenso comunitario, de lo cual son conscientes y así lo plasman en su documento. Por ejemplo, en el planteamiento del tope a las renovables y a la nuclear. El economista Javier Santacruz destaca que no es descabellado apostar por una medida de esta índole, pero habría que ser claros con que esto supondría «cargarse al actual mercado marginalista» de precios de la electricidad, que venía funcionando desde hace décadas. Relacionado también con la nuclear, Santacruz reconoce que es «imprescindible» alargar la vida útil de las centrales más allá de 2027, como pide el PP. Sin embargo, el Gobierno de coalición lleva meses enrocado en el 'no' a esta idea, frente a lo que ya están haciendo otros países europeos.

Por su parte, es la 'Airef energética', la medida más exótica del PP, la que despierta mayores recelos entre los economistas, ya que hay otros organismos como la CNMC que ya tiene competencias sobre la evaluación de políticas. «Me suena extraña sin conocer cuáles serían sus competencias específicas y el encaje con el regulador independiente», afirma Rodríguez.