Ocho de los doce investigados por Tsunami huyen de España

El reportero ha detallado que tomó la decisión porque «la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la ley de amnistía». Ha señalado además que se le acusa de tener información previa de las manifestaciones de otoño de 2019, convocadas por la plataforma: «Es decir, por hacer el trabajo que se le presupone a un periodista». «Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quién hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca», ha añadido.

Por su parte, Campmajó ha asegurado que su decisión está motivada por el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. «Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía 'Ya los tienes allí'. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar», ha explicado. Niega, además, un papel de liderazgo de la plataforma que convocó las protestas contra la sentencia del 1-O, en octubre de 2019: «Cuando dicen que al frente de Tsunami estaba fulanito, no tienen ni idea de qué va, y en parte lo entiendo, porque en España no se puede entender nada sin que haya alguien que les mande».

Además de Serra, Campmajó y Rodríguez, también se encuentran fuera de España el expresidente Carles Puigdemont, y el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Ruben Wagensberg, así como la secretaria general del partido, Marta Rovira igualmente instalada en Suiza, donde huyó hace ya seis años. Según TV3, en el mismo país está el banquero de origen italiano Nicola Foglia. En su caso, porque trabaja allí. También abandonó España el considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabaní, que se ha instalado en Bélgica.

Junto a estos ocho, también están investigados en la misma causa el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el empresario Oriol Solé, el exdirigente de ERC Xavier Vendrell y la militante del partido republicano Marta Molina. Según han confirmado sendas defensas a ABC, Alay, Solé y Vendrell siguen en territorio español. En el caso del último «sigue con su agenda con normalidad». Molina tampoco ha abandonado el país, ni tiene intención de hacerlo.

En su comparecencia el miércoles, Oleguer Serra apuntó que lleva ya seis meses «en el exilio», y que la intención de Òmnium, en boca de su presidente, Xavier Antich, es «intensificar una ofensiva internacional» para «denunciar la persecución» contra el movimiento secesionista por parte de «la Guardia Civil, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón los investiga por su supuesto papel en las protestas contra la sentencia del 1-O, en una causa por terrorismo en la que Puigdemont y Wagensberg han sido citados a declarar, en su caso en el Tribunal Supremo, al ser el primero eurodiputado y el segundo diputado en el Parlamento de Cataluña.

Para residir en Suiza, como ya hiciera la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, o donde sigue Rovira, al tratarse de ciudadanos españoles, tanto ellos como sus familias pueden entrar en el país presentando un documento de identidad o un pasaporte válido.

No podrá imponerse ningún visado de entrada ni obligación equivalente, excepto a los miembros de la familia y a los trabajadores que no posean la nacionalidad española; además Suiza concederá a estas personas todas las facilidades para obtener los visados que les sean necesarios.

El derecho de entrada sólo podrá ser limitado por medidas que estén justificadas por razones de de seguridad y de salud pública. Todo ello en virtud del acuerdo entre la Unión Europea y el país helvético sobre la libre circulación de personas, que reconoce también el derecho a abandonar el territorio suizo sin otro requisito que la presentación de un documento de identidad o de un pasaporte válido. Suiza no podrá imponer ningún visado de salida ni obligación equivalente.

Es decir, los españoles tienen derecho a residir en el territorio helvético. En caso de sean estudiantes, pensionistas o que no ejerzan ninguna actividad económica en el país, podrán fijar su residencia, con un permiso de cinco años, como mínimo, a condición de que prueben a las autoridades nacionales que disponen de medios financieros suficientes para no tener que recurrir a la asistencia social durante su estancia y también deben contar con un seguro de salud.