El Defensor del Pueblo denuncia el colapso del sistema de acogida

Pero no todo son cifras. Detrás de ellas hay miles de historias humanas y miles de fracasos; también de la Administración, incapaz de dar una respuesta ágil a este volumen de peticiones. Es lo que denuncia el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su Memoria anual presentada a mediados de marzo: el colapso del sistema de acogida internacional y el enorme retraso desde el momento en que los peticionarios aspiran a conseguir esa primera cita. Según se detalla, las mismas se pueden demorar hasta 16 meses y esa espera deja a los solicitantes «en la calle o en la precariedad».

En el informe se analiza el rol de la Dirección General de la Policía, que asume la gestión de la mayor parte de estas solicitudes, se encarga de asignar las citas previas y lleva a cabo las entrevistas y la expedición de documentos. Su papel, se afirma, «ha sido imprescindible para gestionar las solicitudes de protección» desde hace treinta años y su implicación ha resultado fundamental para asumir el imparable incremento.

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Pero, pese a esas tres décadas «no se acometen reformas estructurales para adaptar el sistema de gestión y tramitación a los estándares» del resto de países de la UE que gestionan un número similar de peticiones. Los obstáculos se perpetúan y a veces impiden el acceso al sistema.

Un número «indeterminado» de quienes quieren pedir refugio no pueden hacerlo, según la oficina de Gabilondo, debido a que el solicitante debe acudir a la comisaría del lugar donde se encuentre y ese reparto provoca «situaciones insostenibles» en algunos puntos. Ni siquiera se puede obtener cita por canales electrónicos, lo que aboca al candidato a no poder demostrar «su intención y las dificultades a las que se enfrenta». «Conduce a que durante meses no tengan acceso al sistema de acogida ni se hallen bajo el amparo del principio de no devolución», indica la Memoria.

Solicitudes para protección internacional

Solicitudes presentadas

118.842

Solicitudes

admitidas

Solicitudes

no admitidas

Solicitudes

denegadas

87.176

43

1.693

Resoluciones favorables

Resoluciones

desfavorables

Estatuto de

refugiado

Protección

subsidiaria

51.838

6.830

7.405

Razones

humanitarias

Solicitudes

archivadas

20.924

4.269

Solicitudes presentadas por país de origen

Por tramos de edad

Venezuela

45.748

0-13 años

16.798

Colombia

36.012

14-17

4.511

Perú

8.937

59.042

18-34

Marruecos

3.905

35-64

36.521

Honduras

3.017

Más de

65 años

1.970

Otros

21.223

Fuente: Ministerio del Interior / ABC

Solicitudes para

protección internacional

Solicitudes presentadas

118.842

Solicitudes

admitidas

Solicitudes

no admitidas

Solicitudes

denegadas

87.176

43

1.693

Resoluciones favorables

Resoluciones

desfavorables

Estatuto de

refugiado

Protección

subsidiaria

51.838

6.830

7.405

Razones

humanitarias

Solicitudes

archivadas

20.924

4.269

Solicitudes presentadas por país de origen

Venezuela

45.748

Colombia

36.012

Perú

8.937

Marruecos

3.905

Honduras

3.017

Otros

21.223

Por tramos de edad

0-13 años

16.798

14-17

4.511

59.042

18-34

35-64

36.521

Más de

65 años

1.970

Fuente: Ministerio del Interior / ABC

Los datos dan idea de este volumen inmanejable: en la Comunidad de Madrid se registraron el año pasado más de 47.000 solicitudes. Había trece puntos de atención, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y doce comisarías, que gestionaban 4.000 citas mensuales en las que el plazo medio de formalización era de 57 días. En la provincia de Barcelona se superaron las 7.000, y en la de Valencia se registraron 4.300. No hay patrones comunes, subraya la Memoria, y sí diferencias significativas en cuanto a los plazos dentro de una misma demarcación provincial.

En capitales de provincia pequeñas, con plantillas policiales más limitadas, la situación se agrava. A mediados de agosto del año pasado solo en trece provincias las citas se asignaban dentro de dicho año. En la mayoría de provincias, se dieron para 2023, con demoras de hasta dieciséis meses desde la fecha de petición. En cinco (Burgos, Cuenca, Granada, Salamanca y Navarra), la última cita asignada se había señalado para 2024, en algún caso para el mes de diciembre. Solo en Granada se estableció un plan de choque con el fin de acortar los plazos.

Estas dificultades estructurales motivaron muchas de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, que considera prioritario mejorar la coordinación entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Política Interior.

El retraso se encadena. No son solo las citas; también afecta a la resolución de las solicitudes y tiene «graves consecuencias» para los afectados. Esa demora contribuye -se indica- a perpetuar «la grave situación en la que se encuentra el sistema de acogida, actualmente imposibilitado para ofrecer las plazas de atención necesarias». La conclusión es que si no se sabe cuántos quieren acogerse a esta protección no se pueden planificar las plazas de urgencia necesarias.

La dilación a la hora de resolver las peticiones, que supera con mucho el plazo legalmente previsto de seis meses, supone en la práctica que haya numerosísimos casos de personas que permanecen en el sistema de acogida por el plazo máximo permitido (dieciocho meses) «con lo que no es posible lograr un ritmo de renovación de los usuarios suficiente para atender a las necesidades actuales».

La pandemia empeoró el panorama. Al no poder acudir a la Policía Nacional, se permitió el ingreso en el sistema de acogida, acreditando el intento frustrado de obtención de cita. Pero el pasado 15 de diciembre, la Secretaría de Estado de Migraciones dictó una nueva instrucción en la que se establece que solo se podrá solicitar plaza en el sistema de acogida cuando consta en los registros de la Policía la manifestación de la voluntad de pedir protección internacional.

Explica el Defensor que se trata de una solución de compromiso para ofrecer cierta seguridad jurídica a las solicitudes que no pueden ser tramitadas en unos plazos razonables. Pero «incluso esta solución coyuntural también se ha visto colapsada». La conclusión de todo este retraso estructural es que muchas personas que buscan protección en España «se encuentran en situación de calle o de gran precariedad».