«El asilo es la nueva vía de regularización encubierta de inmigrantes»

«Supone un peligro para el orden público español, pues ha sido condenado por un delito grave (...) es mayor de edad, su único familiar directo en España es su hermana; no tiene cónyuge ni hijos en España que dependan económicamente de él (...)». Son los motivos por los que un Juzgado de lo contencioso de Valencia ratificó su expulsión, avalada después por el TSJ. El Supremo anuló esa decisión porque Santos tenía una residencia de larga duración y el hecho de haber cumplido condena no implica que deba ejecutarse la medida. La Sala aplica la reciente jurisprudencia sobre expulsiones con residencia de larga duración.

«Cada vez es más complejo ejecutar expulsiones y devoluciones. No hay una razón solo, se van acumulando», explica un responsable policial experto en Extranjería. «Ni siquiera alguien que sale de prisión y que en teoría debería ser el primero de la fila es seguro que se pueda llevar a cabo». El caso de Santos es un ejemplo, pero también los hay de otros que ni siquiera tuvieron nunca la residencia. La polémica volvió a suscitarse por el caso del yihadista que mató al sacristán de Algeciras. Se le había incoado expediente de expulsión y no se había ejecutado. «No es inmediato, es un proceso administrativo con todas las garantías», insisten desde Interior.

Las cifras son elocuentes. Según datos de Interior facilitados a EFE, el año pasado se incoaron un total de 34.949 expedientes de expulsión de extranjeros y se ejecutaron 2.627, el 7,5% del total. En respuesta a ABC, fuentes del Ministerio elevaron esa cifra al 9,1%. El principal problema, dicen, son los «ritmos de retorno a muchos países, sobre todo latinoamericanos». Es decir, si un país X no acepta a sus nacionales no se les puede echar. Cuba es un ejemplo claro: ningún irregular puede volver a la isla.

Lo que Interior define como «ritmos de retorno» se traduce en que en la práctica las expulsiones se producen por goteo: uno, dos o tres irregulares en un vuelo comercial a Colombia, Brasil, Bolivia o el país correspondiente después de mil gestiones. Según fuentes policiales, los aviones fletados en otras épocas cargados de personas son cosa del pasado.

«El cuidado de las relaciones internacionales es clave, sin acuerdos no hay expulsiones ni devoluciones y la situación en Extranjería cambia de un día para otro. La declaración impertinente de un político sobre determinado asunto puede provocar que el país afectado cierre el grifo y no acoja nadie», explican fuentes policiales. Es lo que está sucediendo con Argelia tras la crisis desatada por los acuerdos de Sánchez con Marruecos. «Llegan unos 400 argelinos al mes de forma irregular y aquí se quedan», señalan. O con el propio Marruecos que cambia su política migratoria respecto a España a conveniencia.

Las cifras sobre cuántas personas se devuelve a cada país son una incógnita. «No se remiten datos sobre personas de una nacionalidad concreta internadas, expulsadas o devueltas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones». Es la respuesta que dio la Dirección General de la Policía el pasado mayo a una pregunta formulada a través del portal de transparencia. En la misma se insiste en que difundir esos datos puede perjudicar al expediente de expulsión.

Los escollos se acumulan. Los policías encargados de Extranjería han detectado cómo muchos irregulares instrumentalizan la figura de la protección internacional: individuos que van a ser devueltos o expulsados de forma inminente apuran el último cartucho y solicitan asilo. Aunque estén en el coche policial o a pie de avión, la salida debe paralizarse.

«El asilo se está convirtiendo en una vía de regularización encubierta porque dado lo que tarda en resolverse a ese inmigrante ya lo pierdes de vista y si pasan dos años puede solicitar la residencia por arraigo», denuncian las fuentes policiales consultadas. Es un mecanismo habitual en las entradas masivas por las vallas de Ceuta o Melilla. «Nos está haciendo un tapón», insisten estas fuentes y «perjudica a quienes de verdad necesitan esa protección».

Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, advierte: «La protección internacional es un instrumento absolutamente necesario que hay que apoyar más que nunca. La administración tiene un problema de personal, lo que provoca que no haya una respuesta ágil y los procedimientos se eternicen. Esa tramitación lentísima perjudica a quienes tienen derecho a la protección». El año pasado se batió récord: 118.842 solicitudes (más de 45.000 eran venezolanos); casi 52.000 se denegaron; 21.000 se concedieron por razones humanitarias.