El juez ya puede procesar a la cúpula de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco tras la declaración de Anboto

Anboto era el único miembro de la jefatura de ETA que faltaba por comparecer en la Audiencia Nacional. Este viernes, se ha negado a contestar a las preguntas del juez instructor, del fiscal Pedro Rubira y de las abogadas Vanessa Santiago y Carmen Ladrón de Guevarra de Dignidad y Justicia (DyJ) y Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), respectivamente, que ejercen la acusación.

Su declaración ha durado escaso minuto y medio y no se le ha podido ver en imagen, sólo se le ha escuchado, según trasladan fuentes presentes. El juez había citado a declarar como investigada a la exjefa de ETA en la causa en la que trata de llegar a la autoría del secuestro y asesinato en 1997 del joven concejal de la localidad vizcaína. Un acontecimiento que marcó un antes y un después en la manera en que la sociedad vasca abordaba el terrorismo de la banda, pues miles de ciudadanos salieron a la calle a manifestarse para gritar 'Basta ya' contra los asesinatos y la violencia tras los años más duros o conocidos como de plomo por el número de atentados con resultado de muerte.

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Adriana Cabezas

Anboto fue la jefa financiera de ETA. Así lo acreditaron las fuerzas policiales tras su detención y la de su pareja, el otro máximo responsable político de la banda terrorista, Mikel Antza, con quien tiene un hijo, en 2004 en Saliers de Bearn (Francia) donde se ocultaban. Además de ellos dos, componen la cúpula a la que previsiblemente el instructor procese José Javier Arizkuren Ruiz, alias 'Kantauri' e Ignacio Miguel García Arregi, alias 'Iñaki de Rentería'.

A Iparraguirre se le atribuyen 14 asesinatos terroristas. Este viernes ha comparecido desde la prisión de Zaballa y su abogado, Aiert Larrarte, la asistió en la sede de la Audiencia Nacional de Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 pudo citarla para declarar concretamente sobre estos hechos que se investigan a raíz de una querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra la cúpula de ETA porque Francia autorizó su entrega para esta causa. Previamente, su abogado apeló al principio de especialidad para recordar que el país vecino no la había entregado para juzgarla por estos hechos, sino por otros, y por lo tanto no podía ser interrogada ni procesada. Finalmente, la Audiencia Nacional ha recabado el apoyo de la Justicia gala.

La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) presentó una querella contra la cúpula de ETA a partir de la que se abrió la causa en la que el juez trata de llegar a los autores intelectuales del asesinato, quienes ordenaron actuar a los tres etarras del comando Donosti que ejecutaron al político. Los líderes de ETA en aquel momento pudieron impedir su muerte y no lo hicieron. Esa es la vía abierta por la Audiencia Nacional para investigar tanto este asesinato como el de otros políticos en la década de 1990.

La instrucción se apoya en un informe de la Guardia Civil en el que se consideró que la ejecución del concejal de Ermua «no fue de ‘motu proprio’» por parte de quienes apretaron el gatillo, sino de unos líderes y autores intelectuales que con dicha acción, igual que con otras, buscaban «forzar al Estado español a plegarse a sus exigencias». El juez persigue a los exjefes de ETA en esta causa por presuntamente ordenar la muerte y también por omisión, puesto que podrían haber impedido la muerte y no lo hicieron.

En el citado informe de la Guardia Civil, se acreditaba que los cuatro líderes de ETA tenían el «pleno dominio» sobre el comando Donosti y se recogían cartas intercambiadas en la cúpula en las que quedaba claro que el objetivo en los años 90 era asesinar a cuantos más políticos, concretamente a concejales, se pudiera, especificando que había que ir a por políticos del Partido Popular.

Anboto fue la voz elegida por ETA para leer el manifiesto con el que, en 2018, comunicó su disolución. En septiembre de 2021, también por videoconferencia desde la cárcel, Anboto reconoció que el mismo año del asesinato del concejal de Ermua fue ella misma quien dio la orden de atentar contra Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao.

La etarra fue condenada a 15 años de prisión por dicha orden, que sí reconoció, a diferencia de otros atentados tras los que se le sitúa. Asumió que, como relató la Fiscalía, se lo pidió a los miembros del comando Katu, que montó en 1996, y en el que se encontraban Eneko Gogeaskoetxea (detenido en Cambridge, Reino Unido, en 2011) y Kepa Arronategi Azurmendi. La orden era que no afectase a «personas ajenas al aparato del Estado».