El caso Cuarteles, abocado a la 'nada' pese a las pruebas

El entonces director adjunto de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso, un sínbolo de la lucha contra ETA, recibió cuatro copias: una para él; otra para el director general de la Guardia Civil de la época, Manuel Holgado; una tercera para el teniente general Pedro Vázquez Jarava; y la última para el general jefe de Asuntos Económicos. El informe de Asuntos Internos señalaba presunta corrupción por parte del citado Vázquez Jarava, quien, un mes después, elaboró un contrainforme para tumbar la investigación. Y lo logró. El teniente general concluía sobre sí mismo que no existían indicios de delito, por lo que no era necesario, según fuentes consultadas por ABC, dar traslado a la Fiscalía.

Ese mismo mes Vázquez Jarava se alojó en un hotel de Cádiz con su esposa que pagó el contratista Mon. Y en junio el mismo empresario lo invitó a ir con su sobrino y con él mismo a presenciar la final de Liga de Campeones que ganaría el Real Madrid en Cardiff. Su informe sirvió para que, en diciembre de 2017, el director general de la Guardia Civil ordenara el archivo del expediente de Asuntos Internos. Salvaron la bola de set, pero en abril de 2018 un anónimo remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad exponía que el entonces jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso, daba obras a sus amigos y se quedaba con dinero.

Asuntos Internos acreditó que había adjudicado a Mon 27 obras por 169.000 euros de los que 121.000 eran sobrecoste. Esta vez sí se abrió una causa judicial. La magistrada requirió el informe que había elaborado Vázquez Jaraba, pero el Mando de Apoyo de la Guardia Civil manifestó que se había «extraviado».

Coincidiendo con las adjudicaciones, el teniente coronel ingresó en sus cuentas 21.500 euros en efectivo de procedencia desconocida. En su declaración como investigado ante el juez dijo que había contratado a Mon por indicación de Vázquez Jarava. El caso Cuarteles estaba en marcha, aunque la acusación contra Carlos Alonso se terminaría archivando.

Entre 2008 y 2021 las empresas del contratistas facturaron 3,45 millones de euros a la Guardia Civil de los que 2,15 correspondían a la etapa de Vázquez Jarava, que se encargaba de llamar a los jefes de las comandancias para que hicieran determinadas obras. El desvío sobre lo realmente ejecutado ascendió a 773.000 euros. Todas estas obras se tramitaban como contratos menores (hasta 50.000 euros) o como anticipos de caja (hasta 5.000) para eludir controles. En ese periodo Mon visitó la subdirección general de Apoyo que dirigía Vázquez Jarava, al que agasajó, según al investigación, de distintos modos.

Lo más llamativo es que Asuntos Internos acreditó que Mon retiró dinero en metálico de su cuenta, incluidos billetes de 500, y, seguido, el teniente general ingresabas billetes de la misma serie en las suyas, hasta alcanzar 52.000 euros. Vázquez Jarava también recibió préstamos de 30.000 y 20.000 euros de otros dos contratistas de la Guardia Civil, que, se supone, devolvía en metálico.

La investigación señaló delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y cohecho y el juez envió el caso a un tribunal del jurado. La sorpresa llegó el pasado diciembre, cuando la Fiscalía presentó su escrito de acusación descartando todos los delitos menos el de cohecho, que lo tipificaba en su modalidad más leve, y solo pedía un año de cárcel para el teniente general y para Mon. La causa se archivó para cuatro investigados.