Una red corrupta destapa amaños en la Guardia Civil por toda España

El punto de partida, Espinosa y el caso Mediador. Como es ya conocido, la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife analiza la presunta existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de influencias y bicéfalo. A partir de Antonio Navarro Tacoronte, el autodenominado «mediador», se habrían canalizado mordidas de empresarios al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya dimitido; y al mencionado general de División, con la expectativa subvenciones o eludir sanciones. Abundan las grabaciones y las fotografías porque Navarro lo registraba todo. El salto se extrajo de una grabación de voz fechada el 4 de noviembre de 2020 en la que se identifica la participación, junto al mediador, de Espinosa y Tejera de León. En el minuto 02:58, el general coge el teléfono al coronel de la Guardia Civil José Tienda Serrano, jefe de la Comandancia de Tenerife desde 2017. Le indica, dice un informe, «que los suyos están buscando los papeles». Espinosa le contesta que «acaba de dejar al primo». Tienda le emplaza a hablar con un tal Luis.

A falta de identificar al «primo» y al tal «Luis», sí parece esclarecido ya que los papeles que estaban buscando los «suyos» en esas fechas eran de una batería de contratos menores adjudicados de manera directa a empresas de Tejera de León para realizar obras en la Comandancia. Los requería un juzgado que, ahora, tiene imputado al empresario y al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava. Tienda ha sido cesado esta semana por «pérdida de confianza». Espinosa, íntimo de los tres, está en prisión provisional bajo sospecha de cohecho y tráfico de influencias.

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Isabel Vega

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A Mon le conoce desde hace más de dos décadas y aunque en su entorno niegan que le introdujese en las altas esferas del Instituto Armado, en Canarias, como en la Guardia Civil, muchas fuentes dicen lo contrario. Subrayan que el contratista y él eran íntimos e iban de la mano. Recuerdan un hito: Espinosa fue imputado en su día por alertar a una alcaldesa cercada por la corrupción en Lanzarote de que la UCO iba a detenerla. Es la prima de Mon. El caso fue archivado, pero nadie en el equipo investigador olvida aquello. Como tampoco que pese a todo, promocionó a general cuando le quedaban cinco días para pasar a la reserva y le había adelantado ya otro coronel.

En cuanto a Mon, mucha tela que cortar. Este empresario afincado en Canarias figura como imputado en la investigación que dirige ese juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de cuarteles. De acuerdo a un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil, 13 comandancias adjudicaron obras a empresas administradas por él. El importe supera los 3,3 millones de euros, como adelantó Ep. Fue en Ávila donde se empezó a investigar el asunto porque allí saltaron las primeras alarmas. Era habitual que la rehabilitación de los cuarteles se dejara en manos de empresas locales, pero en 2016 y 2017 los contratos para pintar e impermeabilizar los edificios se adjudicaron a Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L., dos empresas canarias propiedad de Mon. Ambas, dicen los investigadores, «cascarones vacíos». No tenían trabajadores, los subcontrataban en cada obra.

«Los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad pese a que (...) en muchos de los acuartelamientos no se habrían realizado en su totalidad, y en otros ni siquiera se habrían iniciado», alertó Asuntos Internos. El jefe de la Comandancia de Ávila, que autorizó los pagos, señaló al teniente general Pedro Vázquez Jarava como la persona que le indicó a qué empresas debía contratar. Este alto mando, ya retirado, estaba al frente de la Subdirección General de Apoyo, donde se toman esas decisiones, en el corazón de la Dirección de la Guardia Civil en Madrid. Es por eso que la causa viajaría en 2021 a la capital, donde se sigue investigando. Y también es por eso que Asuntos Internos decide analizar la panorámica. Acaba encontrando que las dos empresas de Mon no sólo habían resultado adjudicatarias de obras de cuarteles en Ávila. También en Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid. Un total de trece comandancias donde se habrían adjudicado contratos 'a dedo' «incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas», a partir de la llegada de Vázquez Jarava a esa posición de responsabilidad.

Esta misma semana el Ministerio del Interior ha cesado al coronel jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda Serrano. Bajo su jefatura se adjudicaron al menos 7 obras bajo sospecha a Mon por valor de 44.866 euros, de las 47 dadas por esa unidad territorial. «Demasiado amigos», diría de Mon y Tienda en un audio el mediador, que conoce a ambos.

Los esfuerzos ahora se centran en saber cuánto dinero ha podido ser malversado, porque se habla de más de 3,3 millones en obras pero no todas tienen por qué ser fraudulentas. El juzgado espera desde hace ocho meses una batería de peritajes que la Fiscalía propone que asuma Patrimonio.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia investiga si el que fue máximo responsable de la gestión económica de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, el teniente coronel del Ejército Miguel Ángel E. T., adjudicó contratos a dedo a constructores amigos para la rehabilitación de cuarteles. La sospecha, que consentía una alteración al alza de los precios para, con el sobrecoste, sufragar mejoras en dos viviendas de su propiedad. Junto a él, están siendo investigadas otras tres personas -dos familiares y un constructor- por presuntos delitos contra la Administración Pública.

La tesis que manejan los investigadores, de acuerdo con las fuentes consultadas por ABC, es que fraccionó las adjudicaciones en contratos menores, nunca superiores a 5.000 euros y a través del sistema de anticipo de caja fija para eludir los controles. Se están analizando todos los contratos, la mayoría de obras en dependencias de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, desde 2018 a 2022, su época como interventor.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil registró el despacho del investigado en el cuartel de Benimaclet, Valencia, tras una denuncia previa. Entonces los agentes intervinieron varios expedientes de compras y gastos de material y dietas, dispositivos electrónicos y facturas.

Los investigados aún no han declarado en sede judicial. Esta semana han empezado a hacer los peritajes para cuantificar el importe de fondos públicos presuntamente malversados.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que las obras en el cuartel de Burela, Lugo, anunciadas por el Ministerio del Interior en diciembre de 2021 por valor de 7, 7 millones de euros, no han empezado habiendo transcurrido ya más de un año. Así se lo hicieron saber el pasado mes de septiembre al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, al que enviaron una carta solicitando información y que, a fecha de hoy, sigue sin responder. «No se ha realizado ninguna visita por parte del personal técnico, siendo las instalaciones a las que mayor presupuesto se ha destinado», dice el escrito de la asociación.

Las obras implican la remodelación exterior e interior del cuartel, mejorar su eficiencia energética y ganar en calidad habitacional. Este proyecto forma parte del conjunto de reformas que el Ministerio del Interior iba a ejecutar en diversos equipamientos de Galicia, con un presupuesto conjunto de 21 millones de euros por cuenta de los fondos europeos de recuperación. Pero en Burela, las goteras siguen donde estaban.