La trama de Guardia Civil vendió mascarillas de dotación a una farmacia

El expediente mascarillas 2020 es uno de los analizados y aunque de escasa cuantía resulta revelador de la actuación de los funcionarios públicos, en concreto de la del coronel Juan Antonio Maroto, jefe del servicio de Abastecimiento (Sabas) del Cuerpo desde abril de 2015. A finales de febrero de este año, en plena escasez de material sanitario, Maroto ordenó a un subordinado que cogiese del depósito oficial del almacén de abastecimiento y le entregase 100 mascarillas higiénicas de las de dotación que iban destinadas a las unidades operativas.

¿Para qué las quería? Las intervenciones telefónicas lo aclararon. El 26 de febrero recibió una llamada de una farmaceútica de La Rozas (Madrid), donde él reside, en la que ella le agradecía las mascarillas. «¿A cuánto te... a cuánto me las cobras?», le preguntó la mujer, quien añadió: «Tú sácate lo tuyo igual que yo me voy a sacar lo mío». Maroto desistió la oferta. Luego le dijo que cada una valía 1,39 más IVA. La farmacéutica le pidió más. «Ya no puedo hasta el lunes», fue su respuesta. Al día siguiente, el coronel le anunció que le llevaba más mascarillas, pero de una calidad superior a las 100 entregadas aunque no sabía el precio. Ella sugiere que si un euro más por unidad será suficiente. «Sí, te llega, te llega», responde el mando.

En el atestado de Asuntos Internos, al que ha tenido acceso ABC, figuran contratos de todo tipo relacionados con ropa, uniformes, botas, trajes especializados y las concesiones a empresas como El Corte Inglés, Manufacturas Aura o Iturri -hay seis directivos detenidos de momento-. Varios de esos expedientes son de este año y tienen relación con el escaso material sanitario: mascarillas y gel, sobre todo.

El 13 de marzo, un día antes del estado de alarma, desde la empresa Iturri se manda un presupuesto al Sabas para 9.000 mascarillas FFP3 por valor de 49.876,20 euros. El comercial que mandó ese correo gestionó en enero un viaje para el coronel y su mujer a La Rioja, donde fueron supuestamente agajasados por varios empresarios. Tras varios mensajes cruzados, donde desde Abastecimiento se les daban indicaciones concretas de cómo debían presentarlo, el 20 de marzo Maroto autorizó los presupuestos con números diferentes: siete lotes de 5.000 euros cada uno y otro de 15.000 euros. Iturri le ofreció ese mismo día termómetros infrarrojos a distancia; pidieron 65 y dos presupuestos debido a su precio.

El 18 de mayo se publicó el anuncio de adjudicación de mascarillas FFP2 o equivalente por importe de 1.499.970,45 euros. Fue un procedimiento de urgencia por el Covid-19 que también se adjudicó a la empresa Iturri. Habían concurrido once empresas; el Sabas solo consideró adecuadas dos al inicio del expediente: Iturri y Coolwell. Fue el propio coronel, según la investigación, el que llamó al responsable de negocio de Iturri (también detenido) a principios de abril; le pidió que le bajara las mascarillas de 3,80 a 2,80 euros y le compraría una cantidad por un millón de euros. No solo eso, sino que le dio el nombre y los precios ofertados por el resto de concursantes. «No te las voy a poder comprar si no bajas más abajo, porque es que me están diciendo eso».

En mitad del procedimiento apareció otra empresa, I-4S, con la que contactó el teniente coronel Martín Altube, segundo de Maroto y destinado en Abastecimiento desde el año 2000. Él la incluyó en los candidatos tras una llamada. Pese a que otro superior, ajeno a los hechos, le indicó que comprara la mitad a cada uno, Altube defendió la posición de Iturri: «Nos lo ha bajado a 3,30 y sabemos que es seria». Para defender a su «candidato», los mandos alegaron que la homologación de la otra empresa no servía, que estaba «falseada por los propios chinos» (era incierto) y con ese pretexto se acabó considerando a Iturri la única adecuada. No jugó en contra que el precio de las mascarillas pasó de 999.927,06 euros a 1.499.070,45.

Son algunos ejemplos de una forma habitual de actuación que se produce desde hace más de una década. Los investigados aplicaron distintas técnicas o estrategias en las licitaciones irregulares, según el atestado del Servicio de Asuntos Internos: fijación de precios , ofertas encubiertas, cobro por posturas y rotación del ganador . Unas no excluían a otras. La fijación de precios consistía en que los empresarios investigados escogían a quién le sería adjudicado el contrato y a qué precio, de forma que el resto presentaba ofertas por encima de ese importe y esperaba su turno.

Los pactos tenían como objetivo presentar ofertas en las que un competidor licitaba con un presupuesto ya conocido y elevado como para ser aceptado (ofertas encubiertas). El acuerdo fijaba un mecanismo de cobro de las presuntas «comisiones», luego el beneficio se repartía entre los que habían participado (cobro por posturas) . Finalmente, la última estrategia consistía en que el ganador del concurso rotaba, es decir, había turnos, de forma que todas han sido adjudicatarias de algún contrato público.

Con estos elementos la juez de guardia envió el viernes a prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros al coronel y al teniente coronel.