El Constitucional se dispone a abordar la amnistía en el momento más crítico del Gobierno de Sánchez

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El PP recurre la decisión del Constitucional de ni siquiera estudiar la petición de abstención de Pumpido en la amnistía

Nati Villanueva

Denuncia el doble rasero respecto al magistrado Macías y las sospechas de parcialidad que sobrevuelan el Pleno que estudiará su recurso

Ni la petición de varios magistrados de bloque conservador del TC ni la formulada por el PP en su recurso de inconstitucionalidad pidiendo al tribunal que posponga las deliberaciones a la espera de Europa han hecho mella en el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, cuya hoja de ruta estaba ya clara desde que se registró en el tribunal el primer escrito cuestionando la ley aprobada en junio del pasado año.

Ya entonces no ocultaba su intención de tener resuelto el asunto «antes del verano», la misma época en la que el pasado año la mayoría progresista amnistió las condenas de los ERE por la gestión fraudulenta de las ayudas sociolaborales durante las etapas de Chaves y Griñán al frente de la Junta de Andalucía. No hay duda de que aquella sentencia y la que se dispone a dictar ahora sobre la amnistía marcarán el mandato de Conde-Pumpido al frente del TC y, en concreto, esta segunda será una de las más relevantes en la historia de la democracia por cuanto la Constitución no recoge esta figura y prohíbe de forma explícita los indultos generales.

Consciente de que su mandato en el TC finaliza el próximo año y que la del PP es solo una de la más de una decena de impugnaciones (entre recursos y cuestiones de inconstitucionalidad) que tiene que abordar el tribunal junto con los recursos de amparo de los líderes del 'procés' a los que el Supremo no les ha aplicado la amnistía, el presidente sigue adelante con el objetivo de dejar el asunto resuelto, aunque queden algunos flecos pendientes para 2026.

Tanto es así que no se muestra concernido por los pronunciamientos que sobre esta ley tiene que dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales que órganos nacionales han presentado sobre esta ley. Una de ellas es la del Tribunal de Cuentas, de la que se espera un pronunciamiento a la vuelta del verano y sobre la que sobrevuela un informe de la Comisión Europea muy crítico con la norma de Sánchez al advertir que las autoamnistías son contrarias al Estado de derecho. Aunque se ha sugerido al tribunal que espere a Europa (al prevalecer el derecho comunitario sobre el nacional) el Pleno está encaminado a dictar sentencia esta misma semana, pues la propia ponencia de la vicepresidenta Montalbán considera que la ley de amnistía «está íntimamente relacionada con cuestiones políticas (...) que son eminentemente nacionales«. De ahí, que, a su juicio, sea el TC el que tenga que pronunciarse sobre el ajuste de la ley a la Constitución.

Será un tribunal de diez miembros (tras la abstención del exministro socialista Juan Carlos Campo y la polémica recusación en bloque del exvocal del CGPJ José María Macías) el que decida sobre la constitucionalidad de la ley con una mayoría seis-cuatro. Pese al sesgo ideológico que la propia ponencia rezuma, el texto parte de que «las alegaciones sobre las supuestas motivaciones partidistas del legislador no pueden ser objeto de consideración en el juicio de constitucionalidad, que no es un juicio de intenciones políticas». También alude a la «posición preeminente del Parlamento» a la hora de legislar hasta el punto de que se llega a afirmar que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. Respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacia sí», una afirmación que, como publicó ABC, escandalizó a los constitucionalistas consultados.