Un Poder Judicial habituado a hacer hueco a aliados del Ejecutivo

Consejo General del Poder Judicial

A lo largo de los distintos mandatos, el órgano de gobierno de los jueces ha contado en el cupo de juristas con vocales propuestos por CiU, PNV o IU

Foto de archivo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial ABC

Madrid

20/10/2022 a las 02:08h.

En un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)de marcado carácter presidencialista, como ha sido el presente (con cinco años de mandato y casi otros cuatro en funciones), los veinte vocales que lo conforman han tenido un perfil muy plano, hasta el punto de ... que si no llega a ser por los embrollos jurídicos de los últimos meses, la mayoría de los vocales habrían pasado desapercibidos de puertas para fuera. A esto ha contribuido en buena medida no sólo el hecho de que no existiera la figura del vicepresidente (consecuencia de la reforma de 2013), sino que tampoco haya habido portavoz, función que asumió, de forma poco entusiasta y profusa, el propio Lesmes.

En el actual, como en los consejos precedentes, los vocales se han acabado agrupando en bloques conservadores y progresistas con independencia de las siglas que les hayan llevado a ocupar esos sillones. Quizá por eso no sea del todo conocido que en el actual órgano hay tres vocales en cuya elección participaron CiU, PNV e IU. Los tres formaban parte del grupo de ocho juristas que desembarcaron a propuesta del Congreso y Senado (los otros doce vocales son de procedencia judicial). Se trata de Merce Pigem (CIU), Enrique Lucas (PNV) y Concepción Sáez (IU). La primera se vio forzada a dimitir a petición del presidente apenas un año después tras ser sorprendida junto a su hermana en la frontera de Andorra con una gran cantidad de dinero en efectivo. Sería sustituida por el vocal José María Macías.

No es por tanto esta la primera vez que los socios de un gobierno y otras fuerzas políticas con representación parlamentaria reclaman participar en la renovación del Consejo, que en puridad tendría que tener lugar en el ámbito parlamentario y no en despachos ministeriales, como viene sucediendo también de lustro en lustro. Cuestión distinta son las líneas rojas que se quieran poner ahora a puertas giratorias que no se tuvieron en cuenta en 2013 en los casos del socialista Álvaro Cuesta ni de Pigem (CiU) ni en los que el PP pensaba cuando en la fracasada renovación de 2018 propuso al entonces diputado José Miguel Castillo y al senador Manuel Altava.

Tampoco se puede decir que un vocal designado por una formación independentista o extremista vaya a condicionar el destino de un órgano en el que hay otras 19 personas con sensibilidades distintas a la suya. No más que la influencia que pueda tener un voto particular discrepante como el que han formulado vocales de este consejo en momentos puntuales. Desde luego no es determinante en los informes de anteproyectos de ley, una de las cuestiones que, junto con los nombramientos, ocupan al CGPJ.

Margarita Uría (PNV), Alfons López Tena y Ramón Camp (CiU) o Félix Pantoja y Ramón Sáez –actual magistrado del TC–, a propuesta de IU, son solo algunos ejemplos de juristas que han formado parte de anteriores Consejos.