Conde-Pumpido y Balaguer se disputan la presidencia del nuevo Constitucional

Será ese nuevo TC de mayoría progresista el que tenga que decidir a partir de enero sobre buena parte de la política legislativa de Sánchez recurrida por la oposición. Entre esas leyes están el eterno recurso del aborto, la eutanasia, la ley Celáa o la propia reforma que maniató al CGPJ para que no pudiera hacer nombramientos estando en funciones, algo que el propio Ejecutivo rectificó en parte para levantar el veto solo respecto a los que incumbían al Tribunal Constitucional, precisamente los decididos ayer.

De momento está previsto que el presidente del TC, Pedro González Trevijano, convoque «de forma inmediata» un pleno gubernativo para realizar el trámite de la verificación de idoneidad de los cuatro magistrados (los dos del Gobierno y los dos del CGPJ) «una vez se reciba en la sede del tribunal el acuerdo de la designación efectuado por el CGPJ«, algo que se espera que suceda hoy. Se trata del trámite del plácet que PSOE y Unidas Podemos suprimían en una de las enmiendas suspendidas por el TC la semana pasada. El acto de toma de posesión de estos cuatro magistrados se producirá ya, con toda probabilidad, después de Reyes.

Tras meses de bloqueo e imposibilidad de sacar adelante los nombramientos de los dos magistrados que le corresponde elegir para el Tribunal Constitucional, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer designar al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto tribunal María Luisa Segoviano.

Lo hizo por unanimidad y contra todo pronóstico, dada la insistencia del sector progresista durante las últimas semanas en un candidato que los conservadores no estaban dispuestos a votar –José Manuel Bandrés– y cuando todo se fiaba a que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas, apoyara los nombres propuestos de la mayoría conservadora con un voto que iba a resultar decisivo para sacar adelante estos nombramientos.

En apenas diez minutos, una renovación que ha provocado una crisis institucional sin precedentes –como también lo ha sido la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial– quedaba resuelta tras la renuncia de los siete vocales progresistas a su candidato «por sentido institucional». La realidad es que no habría sido fácil para este bloque explicar por qué hace unas semanas ofrecieron el nombre de Segoviano a sus colegas como posible candidata al TC y no facilitaban ahora su nombramiento por su empeño en un magistrado afín a Pumpido.

Tampoco por qué aplaudieron el nombramiento de Segoviano hace apenas dos años como presidenta de la Sala Social del Supremo –salió adelante con 18 de los 20 votos del Consejo– y ahora no la consideraban idónea para aterrizar en el Constitucional. Pero sobre todo, el principal obstáculo para estos siete vocales era enfrentarse a un giro de guion en el que habrían quedado ellos como los obstruccionistas después de semanas en las que desde el Ejecutivo se ha llegado a insultar al bloque conservador del Consejo e incluso a retorcer la ley para buscar a estos nueve vocales responsabilidades penales a medida.

Y es que no hay que olvidar que fue precisamente el bloqueo en la renovación del TC lo que impulsó el plan judicial de Sánchez que el Constitucional tumbó la semana pasada: la reforma con la que el Ejecutivo pretendía cambiar vía enmiendas las mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –suprimiendo la actual de tres quintos– y el plácet del TC, y posibilitar la toma de posesión de magistrados en el TC por sextos en lugar de por tercios, como exige la Constitución.

Con los cuatro magistrados ya elegidos, la renovación del órgano que depende de Gobierno y CGPJ se podrá hacer conforme a la Carta Magna sin tacha alguna de inconstitucionalidad y sin «necesidad» de cambiar la ley. Pese a ello Sánchez ya ha anunciado que no renuncia a esa reforma, aunque ahora «sin urgencia».

Tan pronto como estos magistrados tomen posesión, algo que debió producirse el pasado 12 de junio, el TC pasará a tener una mayoría progresista siete-cuatro, pues salen los dos magistrados conservadores nombrados en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy (el presidente Pedro González Trevijano, y Antonio Narváez) y el también conservador Santiago Martínez-Vares junto al progresista Xiol (nombrados ambos por el CGPJ); y entran los dos progresistas nombrados por el Gobierno de Sánchez (Juan Carlos Campo y Laura Díez), junto a la también progresista maría Luisa Segoviano y al conservador César Tolosa. La plaza número doce correspondería al bloque conservador del TC, pues es la del magistrado Alfredo Montoya, quien renunció por motivos de salud y que no ha sido todavía sustituido al depender su nombramiento del Senado.

El Pleno de ayer, el segundo convocado en una semana a instancias del sector conservador del CGPJ, apenas duró unos minutos. Fuentes del órgano señalan que la «sorpresa» de los vocales conservadores fue «total» cuando en el momento de la votación los progresistas fueron pronunciando los nombres propuestos por sus colegas conservadores y se constató que todos ellos renunciaban a su candidato, José Manuel Bandrés, que sólo habría contado con posibilidades de salir adelante con la reforma de las mayorías en el órgano de gobierno de los jueces.

No hubo justificación alguna al principio del Pleno del cambio de opinión de los progresistas, pero sí una reunión de este grupo media hora antes en la que, según ha podido saber ABC, el presidente del CGPJ, el progresista Rafael Mozo, planteó a sus compañeros la necesidad de poner fin a una situación de bloqueo que ya no estaba resultando agradable para ninguno de los vocales que hoy conforman el órgano.

Resulta especialmente significativo que, a diferencia de todas las reuniones informales del grupo progresista que tienen lugar antes de plenos como el celebrado ayer, el vocal Enrique Lucas optara por no conectarse de forma telemática a este encuentro y hacerlo directamente a la reunión del pleno, en el que tampoco participaron presencialmente otros seis vocales: los conservadores Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballesteros y María Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández y los progresistas Roser Bach y Pilar Sepúlveda. Una vez terminado el encuentro, los vocales del órgano se levantaron de la mesa con cierta «sensación de alivio», tal y como reconocieron miembros del órgano de gobierno de los jueces en declaraciones a ABC.