Los regantes desmontan con juristas la razón de la ministra Ribera para recortar los trasvases del Tajo: «El Supremo no fija caudales ecológicos»

Una de estas expertas, Isabel Caro-Patón, doctora en Derecho, en un vídeo del medio especializado iAgua difundido a su vez por el Scrats, analiza las resoluciones del Alto Tribunal y precisa que, con absoluta claridad, se establece como necesario que existan esos niveles de agua para la conservación medioambiental del río, pero en ningún caso concreta cuáles deben ser las cantidades. «El Supremo no fija caudales ecológicos», concluye.

«Son sentencias complejas, pero que eso lo dejan claro», ha subrayado, al concluir que «desestimaba esta pretensión» y además «ni siquiera se pronuncia» acerca del fondo el asunto, para no entrar en las competencias de los técnicos de la Administración.

Es más, los demandantes que elevaron su recurso al Supremo pedían dos cosas, precisamente, una era que hubiera caudales -cosa en la que se les dio la razón- y otra era justamente determinar ya unos volúmenes exactos, cosa que no atendió. «Yo no puedo decir cuáles son las cifras de los caudales ecológicos», así resume la argumentación del TS esta profesional, socia de Menéndez & Asociados Abogados especializada en cuestiones de energía y, sobre todo, de agua.

Aparte de las sentencias, también se ha referido a la «solución armónica» que planteaba la disposición adicional en el Plan Hidrológico del Tajo para esperar a revisar la evolución de las aguas del río tras realizar inversiones en la mejora y la depuración.

Ese borrador luego cambiado por el Ministerio especificaban que tal vez «no harían falta esos incrementos» de caudales ecológicos, en caso de que con esas inversiones «no fuera necesario» o incluso tenía en cuenta si las «repercusiones económicas» en la demarcación del Segura lo desaconsejaban, para que tampoco se hiciera así.

Caro-Patón destaca que en los planes de cuenca se tienen en cuenta no solo los requerimientos medioambientales, sino también las «consecuencias socioeconómicas», en este caso, en la demarcación del Segura.

En la víspera del debate en el Consejo de Estado, este jueves, de estos documentos de la planificación en el Tajo y el Segura, los regantes del Scrats han manifiestado «su máxima preocupación por la reducción de recursos hídricos que se dará en 2027 de aprobarse el Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura».

Según su comunicado, «una disminución de los aportes para la que el Ministerio de Transición Ecológica no plantea una alternativa viable, ya que por un lado, la desalación no ofrece una solución factible ni en volumen ni en precio, y por otro lado deberíamos sumar a esta realidad la reducción prevista sobre las extracciones de aguas subterráneas».

Porque a la merma de 78 hm3/año tendrán que sumar otros 213,2 hectómetros de pozos que no se podrán explotar a partir de 2027, conforme queda reflejado en el plan de cuenca.

Y esa reducción del agua para trasvases (78 hectómetros) se verá incrementada por las transferencias previstas para abastecimiento de la llanura manchega desde el acueducto Tajo-Segura, según lo que establece el Plan Hidrológico del Guadiana, ya que a partir del año 2027 podrían suministrarse 15,5 hm3/año a 56 municipios, y por los aumentos de demanda anual considerados en el Plan del Tajo (aproximadamente, 10 hm3/año, en los sistemas de Cabecera y Tajo Izquierda). «Un escenario que supondrá un coste desproporcionado para la demarcación, desde todos los puntos de vista, ya que augura 103,5 hm3 menos anuales de la fuente de suministro asociada al trasvase», lamentan desde el Scrats.

En cuanto a la desalación, actualmente, la sociedad estatal Acuamed cuenta con tres grandes plantas cuya capacidad máxima de producción alcanza los 177 hm3/año, procedentes de Torrevieja (80 hm3), Águilas (60 hm3) y Valdelentisco (37 hm3), pero que a lo largo de los últimos años hidrológicos han llegado a un porcentaje efectivo de aprovechamiento máximo del 86%. «Una garantía de suministro prácticamente agotada de cara a atender las demandas actuales», advierten.

La desaladora de Torrevieja se proyectó como una solución a la «infradotación» asociada a los regadíos del trasvase Tajo-Segura, dada su situación de falta de garantía recurrente sobre la base de las previsiones de una Ley de 2005, de 22 de junio, ya que de los 400 hm3 inicialmente destinados a regadío, la media trasvasada no supera la mitad. «De manera que los volúmenes generados por esta desaladora no tendrán la capacidad de paliar futuros déficits de agua, sino que es preciso la utilización de los existentes a día de hoy, poniéndose a disposición de las zonas regables del Trasvase a través del Scrats», indican.

En resumen, «un déficit que se multiplicará por cuatro respecto a la situación actual, lo que ahondará gravemente en los equilibrios necesarios entre las demandas existentes y los recursos disponibles», concluyen.