Valencia cierra más de mil apartamentos ilegales y pide al Gobierno una ventanilla única

El consistorio que lidera la 'popular' María José Catalá ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora -de cuatro candados- que espera que sea «la más restrictiva de España».

Catalá ha asegurado que esto es algo que se está pidiendo desde «hace un año», por lo que ha considerado que aunque es una medida «positiva», el bloqueo que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma «llega tarde».

Además, ha pedido al Gobierno que preside Pedro Sánchez que refuerce los sistemas informáticos que vigilen la publicidad en las plataformas digitales de publicidad sobre apartamentos turísticos ilegales. «Es un problema que afecta a todas las grandes ciudades española y pedimos que se controle y retire esta publicidad, porque si no la labor inspectora de los ayuntamientos no es eficaz», ha expresado.

Sobre su gestión, en poco más de año y medio, con el endurecimiento de las inspecciones y con las órdenes de cese de actividad, Valencia ha clausurado más de mil apartamentos turísticos ilegales. «Estamos combatiendo el problema social que generan con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a su proliferación», ha destacado.

Además, Catalá ha recordado que frente a la «parálisis de los gobiernos de izquierda durante ocho años», ha puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales. De hecho, ha aludido que la clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al «trabajo intenso» de los técnicos y agentes municipales.

En paralelo, la División Territorial de la Policía Local de Valencia, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de ellas se interponen por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad. En 2023, fueron solo 84 y en 2022 se limitaron a 73.

El protocolo que siguen estos grupos 'antiapartamentos turísticos' comienza cuando hay una reclamación, posteriormente se acude al lugar, se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

Por otro lado, el equipo de gobierno de Catalá enfatiza que la proliferación de apartamentos turísticos «se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Joan Ribó -Compromís- y PSOE», desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. «Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad», denuncia la dirigente del PP.