UGT presenta un contencioso por el «atentado» de que el alumno elija castellano o valenciano para examinarse

Uno de los dos artículos recurridos «establece el falso derecho» para esas materias no lingüísticas, lo que a juicio del sindicato es «una medida sin ningún sentido pedagógico ni educativo, que daña la educación del alumnado».

Argumentan que el aprendizaje de ortografía, redacción, escritura, sintaxis «y todo lo que supone la comunicación lingüística, se aprende y evalúa en todas las materias», en la línea de la inmersión que defienden también usualmente entidades nacionalistas y Compromís, principalmente, además del PSPV-PSOE.

Frente a estas tesis, otras asociaciones y plataformas que reclaman para las familias el poder de escoger idioma para que sus hijos no obtengan peores notas al no poder expresarse en su lengua materna durante las pruebas. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo que dirige José Antonio Rovira atendió estas reivindicaciones al desarrollar esta nueva normativa, que derogó la anterior Ley de Plurilingüismo impulsada por el anterior Consell presidido por Ximo Puig.

«UGT considera que es un atentado a la autoridad y dignidad profesional del profesorado, que es quien decide cómo se evalúan las materias con criterios educativos, además de un ataque a la autonomía de los centros para organizar aspectos educativos y pedagógicos, reconocida por ley», han denunciado en un comunicado desde este sindicato, acerca del cambio incorporado por el PP.

Por eso, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) «medidas cautelarísimas y cautelares para frenar esta agresión en la educación del alumnado antes de que empiece el curso».

El otro artículo de las instrucciones transmitidas por la Conselleria a los centros educativos se refiere al Bachillerato, porque según UGT niega en las zonas de predominio lingüístico castellano la posibilidad de organizar correctamente la enseñanza en valenciano si lo quieren los centros. La razón es que elimina en esos distritos el porcentajemínimo del 25% para cualquiera de las lenguas oficiales.

«Se trata de una medida deliberada de minorización del valenciano y una traba a la promoción y educación del alumnado en la lengua propia de la Comunitat Valenciana», subrayan desde este sindicato, que ha presentado otro recurso contencioso-administrativo contra los «recortes en las plantillas» docentes en FP de cara al próximo curso.