El TSJ valenciano paraliza el proceso de selección de la nueva dirección del IVAM

El órgano judicial acepta suspenderlo como medida cautelerísima, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, para «evitar los perjuicios derivados de su no adopción». De este modo, da un plazo de tres días a la Abogacía de la Generalitat para que se pronuncie. Al respecto, fuentes de la Conselleria de Cultura señalan a este periódico que sus servicios jurídicos están analizando el recurso para estudiar la presentación de alegaciones.

La presentación de candidaturas para dirigir el IVAM durante un lustro, abierta durante veinte días hábiles, terminaba este próximo lunes, 5 de agosto. El tribunal tiene en cuenta en su decisión que ese período abarca un mes inhábil en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso presentado por el abogado y coleccionista de arte Luis Tigo arroja dudas sobre la competencia del Consejo Rector -el órgano que supervisa y controla el museo- en este asunto y la inclusión de cinco de sus miembros entre las siete personas que forman la Comisión de Valoración que debe escoger al máximo responsable de la institución pública.

La ley del IVAM aprobada en 2018 estipula que «la dirección será nombrada y cesada por decreto del Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de cultura, oído el Consejo Rector». La selección del máximo responsable del centro «atenderá principios de mérito y capacidad y criterios de idoneidad» y «se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, teniendo en cuenta el Código de buenas prácticas en la cultura valenciana», un documento que no tiene carácter normativo.

En él se detalla que, como ocurre también en la elección de otros responsables del sector público, un órgano de selección es el encargado de proponer al Consejo Rector el candidato al puesto más idóneo, aunque la decisión última la tiene el Gobierno de la Generalitat Valenciana.

La Comisión de Valoración debe estar formada por representantes de la Administración (20-33%) y la sociedad civil (20-33%), así como por expertos y/o científicos (33-50%). En esta ocasión, además de los dos delegados de la Generalitat, las dos miembros de la sociedad civil que forman parte del comité son vocales designados del Consejo Rector, al igual que una de las tres personas expertas escogidas.

Más allá de subrayar la hipotética falta de independencia de este comité, el denunciante incide en que el órgano de gobierno del IVAM se ha arrogado la facultad de regular este proceso, cuando la ley que rige la institución determina que sólo le compete ser «oído».

Es decir, el recurrente entiende que la norma acota la intervención del Consejo Rector a una mera opinión y no le da competencias para armar todo un procedimiento del que saldrá un único candidato, porque eso podría condicionar al conseller de Cultura, José Antonio Rovira, encargado de proponer un nombre al Consell.

El TSJ tendrá que resolver esta cuestión. De acuerdo con el decreto de organización y funcionamiento del IVAM, el Consejo Rector es el responsable de «aprobar, a propuesta de la gerencia, la organización funcional y las directrices básicas en materia de recursos humanos de la entidad».

«En virtud de ello», indica la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el pasado 8 de julio, «adoptó los acuerdos de aprobación de las bases que han de regir el proceso selectivo para el puesto de Dirección del IVAM, como máximo responsable de la entidad; así como la retribución a percibir que se mantiene en la misma cantidad que hasta la fecha percibía la actual Dirección».

En la actualidad, la dirección del museo -que celebra este año su 35 aniversario- se encuentra en una situación de provisionalidad. La directora adjunta, Sonia Martínez, tomó las riendas del centro tras la dimisión de su máxima responsable, Nuria Enguita.

Enguita, que ahora está la frente del Museo de Arte Contemporáneo de Lisboa, renunció al puesto en febrero al remitir la Generalitat a la Fiscalía que donó terrenos a la fundación de uno de los miembros del jurado que la eligió para el cargo. El Ministerio Público archivó las diligencias al no ver indicios de delito.