El Supremo ratifica que el valenciano y el castellano deben ser proporcionales en las aulas
El alto tribunal rechaza el recurso de la Generalitat contra los fallos que anulaban los proyectos lingüísticos de dos centros educativos por el peso desequilibrado de ambas lenguas
El Supremo ha rechazado los recursos de la Generalitat contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tumbaron los proyectos lingüísticos de dos centros educativos al entender que la proporción entre castellano y valenciano no era equilibrada.
Una ... decisión judicial, avanzada por Las Provincias, que sienta jurisprudencia a la hora de valorar -confirmar o anular- casos similares en los tribunales y que llega en pleno debate sobre un modelo educativo que el futuro Gobierno de PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, ya ha anunciado que revertirá.
El plurilingüismo implantado en la Comunidad Valenciana desde 2018 supone que cada centro decida –a través de los consejos escolares– qué porcentaje de tiempo destina a los contenidos curriculares en cada lengua , atendiendo a su realidad. La normativa contempla un mínimo del 25 por ciento para las cooficiales y entre un 15 y un 25 por ciento para el inglés. El resto es de libre elección.
El TSJ valenciano dictó en febrero de 2022 que los colegios e institutos públicos han de buscar un equilibrio razonable tanto en el uso de ambos idiomas en el tiempo lectivo, como en su reparto entre las asignaturas troncales y específicas.
Deben hacerlo teniendo en cuenta su contexto socioeducativo y «demolingüístico» -la lengua mayoritaria en la zona, por ejemplo- para garantizar que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en sendos idiomas.
En ese sentido, anuló las resoluciones de la Generalitat que aprobaban los proyectos lingüísticos del CEIP Joaquín Muñoz de Turís y Beata Inés de Benigànim, donde se reservaba a la enseñanza en valenciano más del doble del tiempo lectivo y las asignaturas troncales, excepto lengua y literatura.
Los denunciantes, miembros de la comunidad educativa, recurrieron al entender que la Conselleria de Educación, entonces dirigida por Vicent Marzà, estaba discriminando el castellano.
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