La sombra del caso Camps planea sobre el PP con Mazón

En privado, admiten que la comida del día de la barrancada sentenció su carrera política, pero consideran que no es momento de hacer ese «sacrificio». El desgaste es evidente, dicen, pero conviene esperar a realizar una transición ordenada a más de dos años de las elecciones. Es precisamente la falta de un relevo claro lo que les aconseja no ceder a la presión mediática y de algunas corrientes de la propia formación, como sí ocurrió en julio de 2011 con el entonces jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps.

Aunque la situación del expresidente era diferente a la que tiene ahora Mazón, el partido sufrió la caída de quien se había convertido en una figura clave, aspirante a todo. Tras la imputación de Camps por el conocido como 'caso de los trajes' y su negativa a abandonar el cargo, el PP de Mariano Rajoy quiso forzar al entonces presidente valenciano a firmar una conformidad que lo declaraba culpable y le condenaba a pagar una multa para evitar sentarse en el banquillo por presunto cohecho impropio.

Era la solución menos mala para que el juicio a un presidente autonómico y líder popular no monopolizara la campaña de las elecciones generales de ese año, en las que Rajoy consiguió mayoría absoluta. Pero en el último momento y pocos meses después de haber arrasado en las urnas de nuevo, Camps decidió dimitir y despejó el camino a su formación. Más tarde, fue absuelto.

Aunque Mazón perdería igualmente el aforamiento, adelantar las elecciones sí le permitirá obtener los privilegios que otorga el estatuto de expresidentes de la Generalitat a quien culmina una legislatura. En cualquier caso, la aritmética parlamentaria actual no es la misma que hace catorce años, cuando Alberto Fabra escaló a jefe del Consell. El PP, en minoría, depende de Vox para sacar adelante cualquier hipotético cambio en la Presidencia de la Generalitat, para lo que debería buscar candidatos entre sus diputados en las Cortes Valencianas. El escenario en el Ayuntamiento de Valencia, tras la crisis provocada por los de Santiago Abascal, desaconseja un posible salto de la alcaldesa María José Catalá al Gobierno autonómico.

Carlos Mazón no hizo este miércoles declaraciones en el único acto público en el que participó, una reunión presidida por los Reyes con empresarios y entidades sociales que trabajan en la recuperación tras la dana. El único miembro de su Ejecutivo que se pronunció sobre su situación fue el 'conseller' de Sanidad, Marciano Gómez, que se preguntó «para qué» va a dimitir Mazón y defendió que él es «el único que está dando la cara y trabajando» por la reconstrucción. En la misma línea, el presidente de la Diputación de Valencia y líder del PP provincial, Vicent Mompó, señaló que en su formación respetan a sus presidentes al ser cuestionado sobre si Mazón cuenta con el apoyo del partido.

Tras descartar ir a declarar de forma voluntaria, como sugería la juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la dana en uno de sus autos, quien sí ha movido ficha ha sido su 'exconsellera' de Justicia e Interior imputada, Salomé Pradas. Señalada por el retraso en la toma de decisiones aquel fatídico 29 de octubre, pese a la información de la que se disponía, la entonces responsable de emergencias ha encargado su defensa al abogado penalista Eduardo de Urbano, que fue magistrado en la Audiencia de Madrid y en el gabinete técnico del Tribunal Supremo, además de presidente de la Audiencia de Las Palmas.