El plan de Gan Pampols frente a catástrofes contempla una alerta 'negra' y restringir el tráfico con la roja

Así consta en el borrador del Plan director de análisis, anticipación y reacción ante catástrofes naturales que ha elaborado el vicepresidente segundo Francisco José Gan Pampols y que acaba de salir a exposición pública en paralelo a la aprobación del plan de reconstrucción posdana.

Un extenso documento -alcanza las 125 páginas- que «busca elevar la eficiencia en la gestión» con la vista puesta en la actuación que se hizo durante la barrancada del 29 de octubre con 228 muertos.

Entre las «mejoras operativas» para hacer más eficaz la preparación ante emergencias, se recomienda «evitar fluctuaciones constantes entre niveles de alerta (por ejemplo, cambios reiterados de rojo a naranja y viceversa) mediante el establecimiento de umbrales fijos de riesgo que mantengan activas las medidas mientras persista el peligro». «Incluso si la probabilidad del fenómeno disminuye, el nivel de alerta se mantendrá durante un periodo determinado de forma cautelar, garantizando una respuesta coherente y preventiva», señala.

También se recoge la necesidad de facilitar la coordinación entre los organismos oficiales de predicción y los técnicos de emergencias, «asegurando la correcta recepción y comprensión de los mensajes, así como la actualización periódica de una biblioteca de textos predefinidos que agilice su difusión y garantice su claridad».

Un punto que alude claramente al caos que se vivió en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el órgano que dirigía la crisis-, donde por ejemplo no llegó la información de las llamadas del 112 o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. Sin embargo, ese correo electrónico sí fue recibido por técnicos de Emergencias de la Generalitat, que en sede judicial argumentaron que no supieron interpretar la magnitud de los datos que se trasladaban. También hace referencia, implícitamente, al retraso con el que se lanzó el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles aquella fatídica tarde.

Asimismo, el plan apunta a la necesidad de formar a la población ante crisis, realizar simulacros y preparar un kit de emergencia individual con los siguientes artículos: agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, dinero en efectivo, medicamentos de uso habitual, silbato, mapa físico, documentos de identidad, material de primeros auxilios, baterías externas y una navaja.

En la nueva estructura para dirigir las emergencias figuran tres personas responsables de la toma de decisiones. Por este orden serían el director del plan, la «máxima autoridad», un cargo que asigna al conseller con las competencias en emergencias; el director técnico, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y enlace con los alcaldes de los municipios afectados; y el director del Puesto de Mando Avanzado, coordinador en el terreno.

La organización propuesta incluye la creación de la Comisión delegada del Consell para el seguimiento y la conducción de situaciones de crisis, aprobada ya por decreto. Un órgano de «dirección política», con el presidente de la Generalitat en cabeza -que no tenía ningún papel asignado- junto a los vicepresidentes y los consellers implicados, para desarrollar acciones para resolver la crisis.

Sería diferente a la «dirección operativa», que corresponde al Cecopi y al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Respecto al primero, se recomienda convocar las sesiones con un intervalo mínimo de 10 horas, una por la mañana y otra por la tarde, así como registrar los acuerdos y acciones en una herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones.

Por debajo de todos ellos en la pirámide de gobernanza se encontraría la «dirección ejecutiva», el Puesto de Mando Avanzado, en contacto con las unidades de intervención, sanidad, seguridad o logística.

En paralelo se contempla un comité asesor con participación de todos los cuerpos de seguridad y servicios movilizados, con representación de la Delegación de Gobierno, y un gabinete que centralizaría la información sobre la emergencia y se encargaría de «detectar y corregir falsedades e informaciones erróneas».

Ante la detección de un fenómeno adverso, sería analizado por el CCE, que lo transmitiría a los organismos implicados si lo considera necesario. A partir de ahí, el director del CCE evaluaría la necesidad de activar la emergencia. Si es de tal magnitud que requiere movilizar recursos extraordinarios, se convocaría la nueva comisión delegada. Una vez finalizada, el CCE se encargaría de los escenarios de desescalada, «sin necesidad de mantener activa toda la estructura del Cecopi».