Mazón, López Miras y Bonilla envían al Gobierno un informe del «despilfarro» de agua en el Tajo para defender el trasvase

Además, ese requisito (hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo a partir de 2027) está desproporcionado, según los criterios técnicos, como salta a la vista si se comparan con los vigentes para otros días ríos más caudalosos que el Tajo, como son el Júcar y el Jarama.

Este trabajo se ha presentado en la reunión de dirigentes de las tres Comunidades Autónomas junto a representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) celebrada este lunes en Alicante, una de las zonas cuya agricultura más depende de estas transferencias hídricas.

Este documento pone de manifiesto «la gestión ineficiente de los embalses, la falta de modernización de los regadíos en la cuenca del Tajo y la opacidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por parte del Gobierno central», según ha asegurado la Generalitat en un comunicado.

Su presidente, Carlos Mazón, ha subrayado la fuerza de este «frente común» de las tres regiones gobernadas por sus homólogos, el murciano Fernando López Miras y el andaluz Juanma Moreno Bonilla. «Ratificamos un eje de unidad de acción institucional en el que no estaba la Generalitat en la pasada legislatura», ha recordado, en alusión a su predecesor, el socialista Ximo Puig.

Asimismo, ha puesto de relieve que «es un frente de rigor, justo, científico y verde para el mantenimiento» del territorio. Una iniciativa con la que pretenden evitar un «agravio ideológico, político, histórico y sin ningún valor técnico del Gobierno de España».

En cuanto a datos concretos, ha hecho referencia a una «decisión arbitraria» al establecer 8,65 metros cúbicos por segundo (m3/s) de caudal mínimo en el Tajo (Aranjuez), con aportaciones naturales de 617 hectómetros cúbicos al año (hm3/año), mientras que el Júcar, con un 50% más de caudal (1.054 hm3/año), tiene «tan sólo un caudal mínimo de 2,74 m3/s, o el Jarama (841 hm3/año), con un caudal superior al del Tajo, tiene un umbral a partir de 6,06 m3/s».

También ha recriminado al Gobierno central que, «de los 17 trasvases importantes que hay en España, solo se cuestione acabar con el Tajo-Segura», y le ha afeado la «paralización» de «las obras hídricas estructurales comprometidas», al señalar que, de los 1.300 millones de euros previstos hasta 2027, «no se ejecutarán ni siquiera cien».

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha corroborado la misma tesis: «Este informe demuestra que nunca ha habido incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en cabecera y que los problemas del Tajo radican en la gestión del Tajo».

«No es justo que se castigue a quienes mejor aprovechan el agua mientras en la cabecera del Tajo se permiten ineficiencias y despilfarros», ha abundado la responsable autonómica, además de recordar que hay un recurso de su Gobierno regional pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

Igualmente, el presidente de los regantes del SCRATS, Lucas Jiménez, ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica que vuelva a definir desde el principio el Plan de Cuenca del Tajo sin modificar las reglas de explotación en la línea prevista con esos criterios «políticos» en los caudales ecológicos, además de asegurar que hay suficientes recursos hídricos para continuar con los trasvases.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha alertado de que la merma de hasta un 40% las trasferencias desde 2027 por un criterio -a juicio- únicamente 'ideológico y partidista' puede tener graves consecuencias al «poner en serio riesgo los intereses económicos, sociales y medioambientales del territorio y suponer la estocada definitiva a una infraestructura que es vital para el futuro de esta tierra».

Y se ha comprometido a que «desde la institución provincial se va a seguir luchando por los regantes y agricultores».